Después de anunciar en diciembre de 2020 que noviembre fue el último mes que voló completo, Interjet reportó una caída de 93.8 por ciento en el número de vuelos realizados, respecto a enero de 2020, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En las 431 operaciones que llevó a cabo la aerolínea durante noviembre, trasladó a 17 mil 545 pasajeros, sólo por arriba de las aerolíneas regionales Aéreo Calafia y Transportes Aéreos Regionales (TAR) que, respectivamente, trasladaron a 6 mil 583 y 14 mil 115 personas.

En medio de una crisis en la aviación, debido a la pandemia de Covid-19, los problemas financieros que arrastra la empresa le han impedido volar y la dejaron sin recursos para pagar sus deudas con trabajadores, proveedores y el Estado.

La falta de dinero para combustible, dada una deuda vencida con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que suspendió la línea de crédito a la aerolínea, llevó a que Interjet cancelara vuelos el 1 y 2 de noviembre, luego entre el 28 del mismo mes y 2 de diciembre.

El último freno de actividades sucedió el 11 de diciembre, sin que se avizore cuándo volverá a volar.

A lo largo del año, la capacidad de Interjet para operar se redujo debido a la menor demanda que implicó la pandemia y en julio se anunció que recibiría una supuesta capitalización por parte de Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche por 150 millones de dólares.

Además de lo que debe a proveedores y trabajadores, hay casi 3 mil millones de pesos que desde 2013 no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a lo que se suma una deuda de 2 mil 600 millones de pesos adicionales que tiene la empresa con ASA.

El miércoles pasado, el SAT informó que no tiene injerencia alguna en el pago de la empresa a sus trabajadores. Dijo que privilegia el acercamiento y asesoría fiscal y, como con cualquier otra persona contribuyente, ha otorgado a Interjet los espacios y condiciones necesarias para regularizar su situación; sin embargo, debe actuar en todo momento conforme al principio de legalidad y no puede aceptar condicionamientos o el pago a través de mecanismos que hoy en día no están previstos en la ley.

Hasta el jueves 7 de enero, la empresa no había respondido a los señalamientos del gobierno federal.