Mexicali, BC., El gran problema de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín es que reciben sus salarios con las prestaciones integradas, por lo que el monto por día parece justo, pero no lo es, asegura Lorenzo Rodríguez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), organización con 5 mil afiliados.

Se estima que de Colonet a Rosario, poblados de San Quintín, trabajan 50 mil jornaleros agrícolas, con un salario de 213 pesos al día, pero la cantidad es engañosa porque ahí ya vienen integradas vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo cual es ilegal, reitera el dirigente oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, quien migró al sur de Baja California hace tres lustros cuando apenas tenía 15 años.

Poco se ha avanzado, señala, desde aquel 17 de marzo de 2015, cuando miles de jornaleros cerraron la carretera Transpeninsular, ranchos, centros de empaque de hortalizas y frutas para exigir un salario diario de 300 pesos, afiliarlos a la seguridad social, la construcción de un hospital y cese del acoso sexual a jornaleras.

A cinco años de aquellos hechos, agrega, se ha avanzado poco, aunque hay un antes y un después del 17 de marzo, pues pagaban el día entre 90 y 100 pesos, la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social no era para todos, los incluían como trabajadores temporales aunque fueran permanentes, expresó.

Para Rodríguez, el cambio tangible entre los jornaleros en esta región del país es la mentalidad y el conocimiento de sus derechos. La organización empieza a tomar forma, es más ordenada, consideró.

Se organizó un sindicato, después se dividió el movimiento y surgió otra organización, aunque desde 2020 los trabajadores empezaron a participar y a organizarse en cada centro de trabajo para exigir sus derechos, como se refleja en los paros laborales en San Marcos Invernaderos, Agrícola Colonet, Dos Mares, Berrymex y Gavaro Produce, donde recientemente indemnizaron a tres mayordomos.

El salario integrado es ilegal, por lo que hemos exigido que no incluya prestaciones básicas, aguinaldo ni utilidades. Señala que en despidos o renuncias han logrado que se reconozca la división entre sueldo y prestaciones en beneficio del jornalero.

“Hay avances en la atención de la Secretaría del Trabajo y porque varias empresas acataron los acuerdos y ahora buscamos una salida conjunta para resolver de fondo la cuestión salarial.

La empresa Agrovida pasó de pagar 240 pesos de salario diario a 260 esa podría ser la base para exigir un incremento salarial, pero en el fondo buscamos eliminar el salario integrado, señaló.

Sigue vigente la demanda de cesar el acoso a jornaleras en los campos del Valle de San Quintín, reconoció y expresó que falta mayor participación de las propias mujeres para encausar la lucha e impulsarla de manera colectiva, aunque es complicado por el miedo a denunciar y que los patrones las acusen de alborotar.

En ese contexto, ponderó el surgimiento de la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Agrícolas Indígenas que atienden casos de violencia doméstica.

Además del salario integrado, en los campos aún subsiste el maltrato, la discriminación, la falta de servicios –en algunos casos no hay baños ni agua–, son asuntos que debemos resolver de raíz, dijo el dirigente. Hay jornaleros que tienen en la misma empresa hasta 27 años y no gozan de prestación ni le reconocen antigüedad.

Juventino, un jornalero de Colonet, fue el primero en jubilarse en San Quintín luego de una revisión a fondo porque la empresa tenía contabilizadas sólo 200 semanas, pero él tenía sus recibos de pago y pudo demostrar los años trabajados. Logró jubilarse en 2020.