En el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Lghcti), que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó el pasado 14 de diciembre al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio del derecho humano a la ciencia, la libertad de investigación y el impulso al conocimiento de frontera en todos los campos del saber, son parte de los ejes centrales con los que se busca una transformación del sector.

En la primera Lghcti, con la que el Conacyt se transformará en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Cnhcti), se propone crear órganos que permitan al Estado garantizar tanto el ejercicio efectivo de todo ciudadano al derecho humano a la ciencia y de sus beneficios, incluyendo las humanidades, como establecer una nueva normatividad tanto en el financiamiento público federal, como en la corresponsabilidad que deberán asumir estados y municipios, e incluso, la iniciativa privada.

En el anteproyecto se plantea establecer un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnológias e Innovación, así como un Sistema de Centros Públicos de Investigación, que permita articularlos, garantizar su financiamiento y transparentar su operación.

Además, se prevé constituir un Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el cual será la máxima autoridad del país en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

Dicho consejo también será el órgano rector del sistema nacional, y será encabezado por el Presidente de la República, mientras que su coordinación ejecutiva recaerá en quien encabece al Cnhcti.

Entre sus facultades está el fijar en la Agenda de Estado que guiará las prioridades de la política pública del sector, los temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país o el bienestar del pueblo de México.

Asimismo, podrá definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público en la materia, incluyendo áreas estratégicas y programas prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal.