Un juez de Nayarit giró una tercera orden de aprehensión contra el ex gobernador priísta de esa entidad, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), por peculado, ejercicio indebido de funciones y por tres hipótesis de delito electoral, informó el sábado la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la fiscalía destacó que, por incurrir en los delitos mencionados, el ex mandatario estatal podría enfrentar hasta 28 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por alrededor de 152 millones de pesos.

Los delitos, señaló la FGE, están relacionados con el Programa Social Alimentario (Prosa), que consistía en entregar cada mes alimentos a 50 mil familias vulnerables de la entidad; la despensa, como se le conocía, costaba 300 pesos.

La FGE precisó: una carpeta de investigación se inició ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por la denuncia de diversos partidos respecto a un audio en el cual Roberto Sandoval daba indicaciones a una estructura de la campaña a gobernador de Nayarit en 2017, de que cuando se entregaran apoyos de un programa social se mencionara el nombre de Sandoval, y después se promociona el nombre del candidato del PRI a la gubernatura, Manuel Cota.

En noviembre de 2017, el entonces fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, solicitó apoyo a esta fiscalía estatal para culminar pesquisas, porque según su criterio, ya estaba lista la carpeta para judicializar al ex gobernador y a otras personas por delitos electorales, lo que no pudo hacer porque fue removido del cargo, dice el comunicado.

El nuevo titular de la Fepade se declaró incompetente y remitió la carpeta de investigación a la FGE, la cual integró más de 300 expedientes, conformando 25 tomos en total durante dos años.

De ahí se desprende que entre 2013 y 2017, Prosa operó mediante una organización de coordinadores, gestores y jefes de familia, con base en una estructura familiar y personal de Roberto Sandoval, sus parientes, sus principales subalternos y operadores políticos, así como diputados locales y federales, todos del PRI; delegados federales e incluso magistrados, titulares de instituciones u organismos autónomos, que tienen en común haber sido propuestos o designados en sus cargos por el entonces gobernador.

La fiscalía de Nayarit sustentó que en el desvío del programa social se descontó una cantidad de sus percepciones a los servidores públicos, todo a fin de utilizarlo en beneficio de Sandoval Castañeda, servidores públicos, y/o para le entrega de despensas alimentarias”.