Los retos del manejo forestal comunitario
El Manejo Forestal Comunitario (MFC) es un modelo de gestión colectiva de recursos forestales que desde hace varias décadas se construye en diferentes partes del mundo. En América Latina ha alcanzado un notable avance, ya que en este continente se ha logrado un amplio reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus tierras y territorios. Estos logros son equiparables a los avances que también hay en regiones como Asia y África.
En México el MFC ha sido desarrollado principalmente por ejidos y comunidades agrarias y para dar una idea de la importancia, impacto y potencialidad del modelo es oportuna la referencia a J. Carlos Morett y Celsa Cossío, investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, quienes han documentado que existen alrededor de 15 584 núcleos agrarios asentados en zonas de bosques, selvas y matorrales, los cuales poseen una superficie cercana a los 63 millones de hectáreas.
¿Qué es el Manejo Forestal Comunitario?
Se asocia mucho al MFC con el aprovechamiento maderable por parte de ejidos y comunidades; sin embargo, Gonzalo Chapela, estudioso del tema, considera que el modelo también puede incorporar actividades no extractivas como el ecoturismo o de diversificación como la agroforestería o sistemas más complejos como los agrosilvopastoriles; además de la relación entre la parte forestal del territorio con la no forestal y el componente de organización y gobernanza. Chapela define al MFC como “la gestión conjunta de un territorio con recursos forestales por una colectividad humana que: a) Incluye una interacción con las partes no forestales del territorio, b) Una gobernanza interna del conjunto de personas dueñas y poseedoras para la distribución de responsabilidades, obligaciones, derechos y beneficios, c) Intereses individuales subordinados a intereses colectivos , y d) La construcción de un sistema de saberes en torno a la gestión del territorio. Comparado con el manejo individualizado o privado de los bosques el MFC tiene las siguientes ventajas: hace posible el manejo de recursos que de manera fraccionada tendrían costos muy altos; distribuye beneficios entre un grupo social amplio; el necesario asambleísmo fortalece la vida comunitaria y el tejido social más allá de los temas forestales; incorpora a una colectividad a actividades de vigilancia y manejo, lo que previene la tala ilegal, el tráfico de madera, los incendios y las plagas y enfermedades; genera empleos entre los integrantes de esa colectividad y permite que las empresas comunitarias armonicen objetivos sociales con la obtención de utilidades, entre otros aspectos.
Un caso de MFC en la Sierra Norte de Puebla
El ejido Acolihuia, ubicado en Chignahuapan, en la Sierra Norte del estado de Puebla (México), posee un bosque natural de alrededor de 480 hectáreas, superficie que equivale a la de algunos bosques privados en la región. A diferencia de un bosque privado, en este núcleo agrario los dueños son 384 ejidatarios y ejidatarias, quienes desde hace 30 años lo manejan colectivamente. Si los integrantes del ejido se dividieran el bosque comunitario les corresponderían 1.25 hectáreas por persona, lo cual haría muy difícil la gestión individualizada, por los costos de asistencia técnica, trámites, vigilancia y manejo. Lejos de pensar en fraccionar el bosque, la asamblea ejidal decidió conformar 32 comisiones de 12 integrantes cada una para manejarlo colectivamente, basándose en una distribución equitativa de los trabajos y obligaciones. Este acuerdo de gobernanza ha permitido tener todo el año actividades de vigilancia, de cuidado y de cultivo en el bosque, pero también le permite a cada persona realizar otras actividades productivas o de prestación de servicios para complementar el ingreso familiar. Además, una parte de las utilidades de la producción y aprovechamiento de madera se destinan para obras de beneficio común y el resto se distribuye de manera equitativa entre quienes han cumplido con sus obligaciones con la gestión colectiva del bosque. El modelo ha resultado tan eficiente que en tres décadas no han perdido una sola hectárea de bosque, sino que han duplicado la superficie forestal: hace 13 años la asamblea ejidal decidió utilizar 550 hectáreas de terrenos comunes muy degradados, donde se practicaba pastoreo, para destinarlos a un proyecto que tenía como objetivo de corto plazo la restauración y en el mediano plazo, la producción sustentable de madera y la generación de ingresos. En el caso de Acolihuia, el MFC no sólo ha permitido a las personas ejidatarias complementar su ingreso familiar y conservar su bosque natural, también les ha permitido construir una gobernanza mediante la cual han modificado drásticamente el paisaje de 550 hectáreas que se encontraban casi desnudas de vegetación, en las que ya afloraba el tepetate y que hoy son un bosque inducido en pleno crecimiento con los consiguientes beneficios ambientales, sociales y productivos.
Los retos del MFC en México
De acuerdo con Leticia Merino y David Bray, expertos en el modelo mexicano de MFC, la mayor parte de las experiencias se encuentran en los bosques de coníferas de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Michoacán, Puebla y Guerrero. Sin embargo, el modelo tiene un gran potencial para replicarse en otros estados y otros ecosistemas pero para ello debe sortear diversos retos y desafíos, entre los que se destacan: 1) En México, existe un mercado nacional invadido por madera ilegal que demanda un diseño integral de política pública y legislación, y de un compromiso claro de la industria de la construcción, de tarimas, embalajes y muebles, y del gobierno en la contratación de obra libre de madera ilegal. 2) Actualmente hay una política pública que desdeña y hasta estigmatiza la organización social, que alienta el individualismo y debilita el tejido social en ejidos y comunidades agrarias. 3) Hay una contracción sostenida del presupuesto forestal que deja sin incentivos a la mayoría de los aproximadamente 15 584 ejidos y comunidades forestales y que no permite invertir estratégicamente en infraestructura de caminos. 4) Hay una normatividad desigual en el sector que por una parte sobre regula la producción primaria y por otra parte es laxa y permisiva con el comercio y consumo de madera ilegal. 5) Necesidad crónica de servicios y productos de crédito diseñados para el sector forestal y que ante la disminución de subsidios se vuelve urgente. 6) El traslape de concesiones mineras con los territorios de ejidos y comunidades, como sucede en la Sierra Norte de Puebla, representa una gran amenaza. 7) Se requiere el impulso a los procesos de equidad de género, la necesidad de alternativas a la juventud, así como de esquemas de colaboración y sinergia con la población rural sin derechos agrarios.
Aunque los retos y desafíos son muchos, las comunidades forestales les hacen frente, crean alianzas, resisten y se reinventan. Un ejemplo elocuente es que, durante la última reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS, México), en un entorno legislativo adverso, se logró que se incorporara el concepto de Manejo Forestal Comunitario, además de las disposiciones para su fomento, así como el fortalecimiento de contenidos en materia de salvaguardas sociales y ambientales frente a las amenazas que en ocasiones significan los proyectos privados o gubernamentales en sus territorios. •