San Salvador. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dos jueces de la sala de lo

Dos de los tres magistrados de la sala de lo penal establecieron que los autores intelectuales no deberían de investigarse, el tercero dijo que no estaba de acuerdo y emitió un voto en discordia, indicó ayer a la agencia Ap el abogado del instituto, Arnau Baulenas.

En su resolución, el tribunal superior en materia penal apoyó y ratificó el sobreseimiento dado por un juzgado en 2000 en beneficio de los autores mediatos.

La denuncia es contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque según el instituto existen suficientes indicios de que cometieron el delito de prevaricato que castiga con prisión de dos a cuatro años al juez que por negligencia o ignorancia inexcusable dicta una sentencia manifiestamente injusta.

Larga lucha por aclarar asesinato de jesuitas

Durante años los intentos por investigar y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato se dilataron por maniobras legales y la resolución del máximo tribunal en materia penal podría cerrar todos los caminos para que se haga justicia.

Desde noviembre de 2017, después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía general de 1993 que impedía procesar a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.

En marzo de 2019 la cámara tercera de lo penal de San Salvador ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados defensores presentaron todos los recursos posibles para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema.

Los jesuitas, que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes, insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, para lo cual piden se investigue la participación de seis militares y del ex presidente ultraderechista Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994.

El abogado Baulenas dijo que la reciente sentencia en España contra el ex coronel Inocente Montano, condenado a 133 años de prisión, muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares.