Buenos Aires. En momentos en que surgen datos y pruebas sobre el espionaje del que fueron víctimas durante el pasado gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019), políticos, sindicalistas, organizaciones sociales y otros, el juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de esa administración, al director Gustavo Arriba y la subdirectora Silvia Majdalani, junto con otros nueves responsables de las bases creadas por el organismo en la provincia de Buenos Aires a partir de 2016.

El espionaje llegó hasta los centenares de comedores populares, a infiltrar reuniones de docentes en las escuelas, a vigilar a dirigentes estudiantiles y protestas contra los aumentos de tarifas en servicios públicos de 500 por ciento a casi 4 mil por ciento durante el macrismo.

Ese espionaje sirvió para amenazar y destituir a jueces que defendían a los usuarios ante los ilegales aumentos a tarifas que obligaron a los más humildes a endeudarse para pagar un servicio público por primera vez en este país.

Las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos, sostiene Ramos Padilla en su resolución, que muestra cómo las acciones de la AFI estuvieron movidas por los intereses del gobierno de Macri.

En la provincia de Buenos Aires, gobernada entonces por María Eugenia Vidal, se instalaron bases de inteligencia en diversos municipios y muy activos como la Matanza. Destacó el magistrado que el interés de estas bases era evidentemente político y tenía sus importantes sedes centrales en Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata.

El llamado proyecto AMBA en referencia la zona urbana común y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, comenzó a funcionar desde que el director general de la AFI, Gustavo Arribas, firmó una resolución en 2017, donde se asignaron tareas vinculadas a la política bonaerense, lo que cualquier jurista entiende es violatorio de los principios de la de inteligencia nacional.

Por esto, Ramos Padilla procesó a Arribas y Majdalani, ya bajo juicio por otras actividades violatorias de la ley de inteligencia, y con ellos también cesó a los coordinadores de las bases Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito, que pasaron a la AFI desde la policía bonaerense.

En esta investigación se conoce que Salcedo fue perito al servicio de las hijas del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte por suicidio en enero de 2015 fue parte de un plan siniestro para intentar un golpe contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso el funcionario a cargo de la base de Mar del Plata, Nicolás Benítez fue procesado por destruir documentación en esa sede, relativa al espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió cuando navegaba desde Tierra del Fuego a Mar del Plata en 2017.

Macri y su ex ministro de Defensa Jorge Ahuad son investigados por las irregularidades y ocultamientos de su gobierno por el hundimiento del submarino y las mentiras de altos funcionarios a los deudos de los tripulantes y al pueblo argentino. Precisamente entre la documentación destruida por el ex intendente de Mar del Plata figura la de esa base.

De acuerdo con el juez Ramos Padilla existen órdenes de la jefatura de la AFI, que respondía directamente a Macri, para que se realizara un mapa de todas las actividades políticas en la provincia de Buenos Aires, históricamente peronista.

También se advierte que el blanco y objetivo principal era Fernández de Kirchner, a quien aplicaron un esquema de guerra sicológica que se manifiesta en una cotidiana campaña de persecución, desacreditación, denigración protagonizada por los grandes medios como el grupo Clarín, La Nación y otros. Esta es sólo una pequeña parte de la larga novela negra del espionaje macrista, similar en todo el esquema de lo actuado por la última dictadura militar (1976-1983).