Los peritos médicos y sicológicos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) incumplieron de forma dolosa sus obligaciones de documentar las secuelas de tortura que presentaban numerosos detenidos, con el propósito directo de encubrir los hechos y garantizar la impunidad para los responsables de este delito, revela un informe elaborado por diversas organizaciones civiles.

Durante la presentación del estudio Encubriendo la tortura: complicidad de los forenses de la PGR, Valeria Moscoso, directora del área de acompañamiento sicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, detalló algunos de los principales hallazgos de la investigación, realizada con base en el análisis de 54 casos.

Entre ellos, está el hecho de que en buena parte de esos expedientes, los peritos sicológicos y médicos de la PGR no integraron sus evaluaciones, sino que las presentaron por separado, como si fueran dos estudios sobre casos diferentes, además de que tuvieron mala práctica en diversos aspectos técnicos.

Asimismo, incurrieron en fallas e irregularidades graves, como interpretar las declaraciones de los denunciantes, en vez de consignarlas textualmente; incluir relatos de hechos no relacionados e incluso entrevistar a los propios agentes que habrían participado en los actos de tortura, lo cual contraviene todos los protocolos y normas internacionales en la materia.

De igual manera, en el estudio se identificó que en ninguno de los casos analizados se cumplió con el requisito de independencia que deben tener los peritos, pues trabajaban para la misma institución interesada en llevar a juicio a los acusados.

Por otro lado, indica la investigación, se siguen haciendo estudios para poner en tela de juicio la credibilidad del imputado, se omite incluir en los expedientes el hallazgo de huellas físicas o sicológicas de malos tratos y no se toman en cuenta testimonios que fortalecen o confirman los dichos de las víctimas.

Todo lo anterior, enfatizan los autores del estudio, fue usado por la PGR y la actual Fiscalía General de la República para dar por cerrados los casos y abonar a la impunidad.

Ante ello, los autores del informe recomiendan la formación de un instituto forense independiente y una comisión investigadora sobre el tema con supervisión internacional, que haga una revisión aleatoria de casos en los últimos dos años.

De igual forma, llaman a establecer sistemas de sanciones para los peritos que realicen un mal trabajo, incluyendo la posibilidad de retirarles la licencia laboral y que sean sujetos de responsabilidad penal por el delito de encubrimiento de tortura.