Diputados locales fueron sometidos a una prueba rápida de Covid-19 ayer, antes de la sesión ordinaria presencial del pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Las muestras se tomaron únicamente a los legisladores, por lo que se dejaron fuera a asesores y a trabajadores del recinto de Donceles y Allende.

Dicha acción fue rechazada por diputados como Jorge Gaviño (PRD), quien dijo que las pruebas debían aplicarse a todos, de lo contrario, no servirían de nada. En tanto, el diputado de Morena Efraín Morales afirmó que le negaron el acceso a él y a su asesor, sin explicar el motivo.

Después de varias semanas de sesionar de manera virtual, en el pleno se colocaron acrílicos entre las 66 curules a fin de prevenir contagios; sin embargo, en los pasillos se olvidó la sana distancia entre legisladores, asesores y personas que tomaron protesta en sus diferentes cargos. Incluso, para la toma de fotografías varios se quitaron el cubrebocas.

Ya en el inicio de la sesión, en la discusión del primer dictamen, Morena no logró el nombramiento de Rafael Chong Flores como fiscal anticorrupción, al faltarle dos votos para alcanzar la mayoría calificada de 44 sufragios. Los 10 diputados del PAN votaron en contra y los cuatro del PRD en abstención, con lo que el dictamen se devolvió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que emita un nuevo proyecto a partir de la misma terna.

Avalan nombramientos

En tanto, se avaló el nombramiento de Alma Elena Sarayth de León Cardona como primera fiscal electoral local. También se nombraron nueve comisionados que habrán de designar, a su vez, en un plazo de 30 días, a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, y se designaron a los contralores internos de lo institutos Electoral, de Transparencia, de la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General, a casi un año de que la Corte decretó la nulidad de la ley por violaciones al procedimiento parlamentario.

De último momento, la Comisión de Normatividad decidió retirar el dictamen por el que se elige a Pablo Benlliure Bilbao como director del Instituto de Planeación.