Durante una audiencia realizada el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano admitió que aún existen rezagos en el combate a la tortura y se comprometió a tomar acciones contra ese crimen, mientras colectivos civiles denunciaron que la impunidad, la negligencia y la invisibilización de dicho fenómeno continúa.

En un pronunciamiento conjunto, siete organizaciones –entre ellas Fundar, Documenta, el Laboratorio de Litigio Estructural y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– indicaron que las autoridades del país reconocieron la necesidad de mejorar la investigación penal de los casos de tormento físico, así como reducir la impunidad.

De igual forma, los representantes del Estado admitieron que es necesario actualizar y coordinar acciones desde diversas instituciones para atender a los agraviados.

Por su parte, los colectivos de derechos humanos manifestaron seria preocupación por la impunidad en la que queda casi la totalidad de los episodios de castigos corporal o sicológico, pues de acuerdo con cifras oficiales menos de uno por ciento de las denuncias recibidas en los fueros federal y común se judicializa.

Frente a dicho escenario, propusieron el desarrollo de un plan de persecución penal que comience a escala federal, con insumos técnicos de la sociedad civil y, en su caso, asistencia puntual de la CIDH, además de reformar el actual protocolo homologado de investigación en la materia.

Las organizaciones firmantes resaltaron que, pese a estar vencido el plazo para ello, sigue sin publicarse el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. En la audiencia en la CIDH, el Estado se comprometió a emitir ese documento a la brevedad e indicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos incluirá la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, lo cual servirá para monitorear la incidencia en las cárceles.

De igual forma, las organizaciones alertaron que la fabricación de confesiones y declaraciones bajo tormento sigue impactando en la sociedad, dado que esa práctica ampliamente documentada da lugar al encarcelamiento de personas inocentes, a veces sin que exista siquiera la comisión de un delito, o porque se acusa a inocentes, en vez de perseguir a los verdaderos responsables.