Con excepción de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, que pretende dotar a los gobiernos locales de instrumentos para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y que está lista para aprobarse en el Senado, las demás iniciativas en materia económica y bancaria quedarán pendientes para el próximo periodo de sesiones, de febrero de 2021.

Es el caso de las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilicita, el Código Penal y la Ley Anticorrupción, que proponen endurecer sanciones por lavado de dinero y en la que, a falta de consenso, las comisiones dictaminadoras decidieron realizar un parlamento abierto para escuchar a especialistas en la materia.

La iniciativa del senador Monreal para facultar al Banco de México a comprar excedentes de dólares que no puedan repatriarse a Estados Unidos quedó congelada, ya que el gobernador del banco central argumentó que se corre el riesgo de que las divisas sean de origen ilícito.

En cambio, se aprobó en comisiones, y es probable que el miércoles suba al pleno, la minuta con los cambios a la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, encaminada a agilizar los esquemas administrativos con miras a atender de mejor manera la actual emergencia sanitaria y apoyar la reactivación económica nacional.

En el dictamen se precisa que la reforma impulsa el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el bienestar de la población mediante el fortalecimiento de proyectos de infraestructura que cuenten con asistencia técnica para el desarrollo.

Incorpora herramientas que permitan a las entidades federativas fortalecer el manejo de sus finanzas y brindar atención a la población sin generar mayor endeudamiento. Además, establece medidas transitorias para apoyar a los estados y municipios en la atención de la pandemia y se fortalecen las opciones de los gobiernos locales para la reactivación económica.

Igualmente, la reforma permite a las entidades federativas redirigir recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias o emergencias sanitarias.

El proyecto, se insiste en la exposición de motivos, otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas, fundamentalmente aportaciones federales y recursos ministrados a través de convenios.