Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala comenzó ayer a dialogar con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021 –detonante de las protestas que han derivado en la exigencia de la renuncia del presidente Alejandro Giammattei–, cuya aprobación fue suspendida por el Congreso, al tiempo que varios sectores continuaron con las manifestaciones por cuarto día consecutvo.

El objetivo de la reunión es escuchar propuestas provenientes de las asociaciones, centros de investigación y la academia para una readecuación del presupuesto, de acuerdo con la agenda presentada antes de la cita.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el antiguo palacio de gobierno, también asistieron la cúpula empresarial, iglesias evangélicas y representantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque dos organizaciones declinaron participar por disconformidad con el formato del diálogo.

Giammattei inauguró el encuentro y luego se retiró del lugar, donde permanecieron otros altos funcionarios, incluido el ministro de Finanzas, Álvaro González, responsable del fallido proyecto de presupuesto que había sido aprobado por el Congreso la semana pasada.

El proyecto original provocó indignación en diferentes sectores debido a que el plan de gastos no tomaba en cuenta la lucha contra la pobreza, que afecta a 59.3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes, y tampoco destinaba suficientes recursos a educación y salud.

Tras la aprobación del texto, el sábado miles de manifestantes abarrotaron las calles de la capital para exigir la renuncia de Giammattei, mientras otro grupo irrumpió en el Congreso e incendió oficinas.

La policía reprimió las manifestaciones, incluidas algunas pacíficas y a las que asistían menores de edad, lo que provocó rechazo dentro y fuera de Guatemala.

Organismos internacionales condenan a la represión

La Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos y un grupo de países cooperantes con Guatemala lamentaron la represión y llamaron al diálogo.

Human Rights Watch criticó el uso excesivo de la fuerza y pidió abrir una investigación.

El Congreso unicamaral, dominado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó la semana pasada el presupuesto para 2021 propuesto por el Ejecutivo por unos 12 mil 800 millones de dólares, el más alto en la historia del país. Ante la ola de rechazo popular, el Legislativo dio marcha atrás.

Con la suspensión del trámite, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto. De lo contrario, seguirá vigente el de 2020, de unos 10 mil 390 millones de dólares.

Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron ayer frente a la casa presidencial y el Congreso para exigir la renuncia del mandatario y de los diputados.