El ejercicio de parlamento abierto convocado por el Senado para la discusión de la reforma judicial es positivo, pues la iniciativa propuesta debe ser perfeccionada con mecanismos de participación democrática, señalaron especialistas consultados, entre ellos el magistrado de circuito Carlos Alfredo Soto Morales y la académica Ana Laura Magaloni Kerpel.

Para el magistrado Soto, esta es una oportunidad para abrir a la sociedad el sistema de impartición de justicia: si se va a hacer esta reforma de gran calado, yo creo que también es una buena oportunidad para democratizar al Poder Judicial.

Aclaró que no se trata de elegir a jueces, magistrados o ministros por voto popular, sino de permitir que los propios juzgadores propongan a los candidatos a formar parte del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), que es el organismo encargado de administrar e impartir disciplina en el Poder Judicial Federal.

Y también que de un modo similar colegios de abogados, académicos y de defensores del medio ambiente o los derechos humanos, puedan proponer al Presidente de la República a candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Soto Morales advirtió un riesgo en la propuesta que se estudia en el Senado, y es que se busca incluir en el artículo 100 de la Constitución un párrafo décimo que permitiría crear juzgados especiales para resolver casos que involucren violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.

Esto, advirtió, equivale a permitir jueces especiales, lo cual está prohibido por las Naciones Unidas.

A su vez, Magaloni Kerpel, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que la parte medular es instaurar las reglas para que sean los mejores perfiles los que llegan a ocupar los cargos de jueces y magistrados.

Se trata, dijo, de hacer una selección mucho más rigurosa en donde quienes lleguen sean las mejores cabezas con buenos corazones.