A partir de hoy comienza la primera fase de la reforma laboral en ocho entidades del país en las que entrarán en funciones tanto los nuevos tribunales laborales que sustituyen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl), encargado de la validación de los procesos sindicales.

La nueva fase representa un avance inédito que abona a la democracia sindical, sostuvo Alberto Ramírez, especialista en justicia laboral de la Universidad Obrera de México (UOM), pero alertó que el aspecto de conciliación que establece el nuevo modelo podría presentar riesgos y deficiencias en los casos antes de llegar a los tribunales.

A la par, se requiere una vigilancia para comprobar la aplicación de los nuevos órganos para no caer en una simulación, agregó Hugo Mendoza, coordinador de procesos organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

En esta primera etapa se inicia un nuevo sistema con la operación de tribunales laborales especializados dependientes del Poder Judicial, que comenzarán sus funciones tanto en casos federales como en sus instancias locales en Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, mientras en Hidalgo arrancarán los tribunales federales, quedando pendiente para 2021 la instancia estatal.

Procesos sindicales

También comienza funciones el Cfcrl que está encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo. Su función será verificar los procesos de democracia sindical y validar los depósitos de contratos colectivos bajo las leyes en la materia reformadas en 2019.

Con el Cfcrl se hará realidad que en el aspecto sindical en el país haya una verdadera libertad de negociación colectiva, así como una rendición de cuentas y transparencia, explicó el académico de la UOM, pero acotó que la ley actual ya establece mecanismos de conciliación, por lo que la parte conciliatoria del nuevo modelo puede representar un elefante blanco.

Además, señaló que a los conciliadores se les permite no ser abogados, lo cual podría generar desconocimiento de las leyes en la materia.

Por separado, Mendoza apuntó que más allá de la entrada en operaciones de las nuevas instancias, el tema a revisar será la forma en que sean aplicadas. La cuestión es cómo garantizar que se están aplicando de manera adecuada las instituciones o que aterricen de manera efectiva las nuevas leyes en la materia.

Indicó que la reforma laboral no estableció mecanismos de vigilancia para el funcionamiento de los nuevos órganos, por lo que instó a las autoridades laborales a implementarlos.