La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la alcaldía de Tlalpan afirmaron que la demolición de la casa ubicada en Tepetzintla número 60, en San Miguel Topilejo, fue resultado de un procedimiento administrativo en el que se concluyó que el inmueble no tenía autorización de impacto ambiental y que se notificaron todas las acciones y resoluciones derivadas del mismo.

La Sedema señaló que durante el proceso, que se extendió por poco más de dos meses, se tuvo comunicación con Emmanuel N, quien se ostentó como represente legal de la propietaria; sin acreditarlo debidamente, por lo que no se le reconoció dicha personalidad, lo cual se le informó el 27 de octubre.

Sin embargo, José Luis de Regil Gaviño aseguró que Emmanuel N sí demostró documentalmente que es el abogado de su esposa y dueña del predio, María Gisela Sánchez, pese a lo cual no se le dio acceso al expediente.

El afectado De Regil mostró un documento, sellado de recibido, en el que el abogado solicita se le reconozca como representante legal e insistió en que la Sedema no dio aviso previo de la demolición de su vivienda, además de que sigue sin conocer dónde se encuentran las pertenencias que había en la casa.

De acuerdo con la secretaría, el procedimiento DGIVA/CISCANP¨/R2/219/2020, inició el 25 de agosto pasado cuando se emitió una orden de inspección del inmueble, que se encuentra en el perímetro del paraje Oyameyo, catalogado como suelo de Conservación, para verificar que contara con autorización de impacto ambiental.

Tres días después, agregó, se notificó al propietario la conclusión del procedimiento con la orden para demoler la construcción; le dio de plazo hasta el 6 noviembre y al constatar que no la realizó, las autoridades la llevaron a cabo.

La alcaldía de Tlalpan informó que en el predio donde se encontraba la vivienda no está permitido ningún tipo de construcción por ser un área de producción rural agroindustrial, además de ser una importante zona de recarga del acuífero y el predio tiene antecedentes de clausura desde 2008 por quebrantar disposiciones ambientales, y reiteró que todo se realizó conforme a la ley.