El juzgado quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México admitió a trámite una solicitud de protección de la justicia federal que promovió Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), con el que pretende detectar si existe alguna investigación o solicitud de orden de aprehensión en su contra que haya librado un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, estado de México.

El ex funcionario fue vinculado a proceso en diciembre de 2018 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, luego de que autoridades judiciales lo responsabilizaron de firmar el convenio en febrero de 2016 con el entonces director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, durante la gestión Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, caso conocido como la estafa maestra.

El proceso que se le sigue es por uso ilícito de atribuciones y facultades, al destinar fondos públicos para un fin distinto o hacer pagos ilegales con ellos.

En su demanda inicial no se definió correctamente a todas las autoridades que podrían requerir al ex rector de la UPFIM. El recurso fue interpuesto por su defensa legal, aunque el impartidor de justicia no le otorgó la suspensión provisional porque no la solicitó ­expresamente.

Los abogados denominan amparos buscadores este tipo de recursos, ya que con ello el juez que conoce del caso debe solicitar a todas las autoridades que se mencionan informes relacionados con la existencia de investigaciones, averiguaciones previas, solicitudes de comparecencia ministerial o judicial o si hay alguna consignación u orden de aprehensión en contra.

La demanda se promovió después de que Robles Berlanga fue notificada de una nueva orden de captura en su contra, luego de que un juez federal con sede en Almoloya de Juárez libró el mandamiento judicial, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando fue titular de las secretarías de Dasarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).