Martes 17 de noviembre de 2020, p. 8
Desde que se concretó la primera regulación en materia de outsourcing en 2009, y sobre todo luego de su regulación en la reforma laboral de 2012, en el país han proliferado empresas nacionales y extranjeras enfocadas a la tercerización.
Entre los corporativos más grandes y que acumulan a alrededor de 200 mil trabajadores se encuentra Manpower y Kelly Services, de Estados Unidos; Adecco, de Suiza, y Randstand, de Países Bajos, entre otros, todos ellos integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), la cual sostiene que los servicios de tercerización cumplen con lo establecido en la ley en la materia, a diferencia de empresas de outsourcing ilegal.
Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay 451 empresas e instituciones en el Registro Central de Agencias de Colocación de Trabajadores con y sin fines de lucro, así como otras nueve que reclutan y contratan personal mexicano para actividades en el extranjero.
No obstante, desde 2016, empresas como la consultora Staffing Industry Analysts dieron cuenta de que en el país operaban en ese momento por lo menos 900 negocios enfocados en la subcontratación.
En el país, la mayor cantidad de trabajadores subcontratados se concentran en la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California y Sonora.
Tan sólo en la capital del país hay un millón 72 mil trabajadores que laboraron en 2018 para una razón social distinta a la que fueron contratados, indica el Censo Económico del Inegi presentado el año pasado. En la Ciudad de México, uno de cada cuatro trabajadores ocupados están en este renglón.
En el estado de México, cerca de 500 mil trabajadores están contratados por una razón social distinta a la que trabajan, de los 2.4 millones que aparecen en el registro.
De acuerdo con reportes preliminares elaborados en la Cámara de Diputados, hay entidades que a pesar de tener menor cantidad de trabajadores, tienen mayores empleados bajo outsourcing en porcentaje, encabezados por Quintana Roo y Baja California Sur, donde 35 y 27 por ciento de su fuerza laboral, respectivamente, están bajo este mecanismo de contratación.
Dicho análisis también retoma aportes hechos por el Colegio de México, en el que subraya que la subcontratación ha contribuido a la disminución de la informalidad en los rubros donde ha crecido más este modelo de contratación, pero sin detallar las afectaciones a las prestaciones o salarios de los trabajadores.
