El proyecto de Ley Federal para la Regularización de la Cannabis avalado la víspera en comisiones, debe ser modificado a fin de no criminalizar realmente el autoconsumo de esa droga en adultos, coincidieron senadores de Morena, PRI y PRD, quienes plantean que se elimine la obligación de realizar adecuaciones a las viviendas de los fumadores de mariguana, para establecer un espacio reservado a ello, lo que será verificado por las autoridades.

Ello significa “una intromisión a la privacidad y una violación a los derechos humanos, recalcó la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez. Dijo que si bien del dictamen avalado la víspera se eliminó la obligación de pedir una licencia al Instituto Mexicano de la Cannabis para que los adultos puedan consumir la droga, se mantiene en el artículo 41 tener que realizar adecuaciones en sus domicilios y ello debe eliminarse.

Recalcó que la Corte mandató respetar el libre desarrollo de la personalidad y los usuarios de mariguana lo que piden es que se cumpla lo ordenado por el máximo tribunal y se le deje vivir en paz, con su derecho al autocultivo y el autoconsumo de cannabis.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que esa disposición de modificar los domicilios de los fumadores y al menos poner barreras físicas para que otros familiares no tengan contacto con el consumidor es una invasión, peor que la que pretendía la autoridad fiscal en sus visitas domiciliarias.

Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, resaltó que la Corte ordenó al Senado garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no establecer en la ley mecanismos para fiscalizar a los consumidores adultos de esa droga. Sostuvo que el dictamen no representa un cambio de fondo al modelo prohibicionista y contribuye a que persista la estigmatización social de los consumidores de cannabis sicoactivo.

Por su parte, la senadora priísta, Silvana Beltrones, hizo notar que dentro de la regulación que se hará, debe estar presente la justicia social y asegurar la participación de campesinos y pequeñas comunidades en el mercado legal. No basta con que se mencionen en el dictamen, sino hay que darles los incentivos necesarios para la adopción de prácticas.

Resaltó que preocupa el tema de la sustentabilidad que se introdujo al dictamen, ya que aumentará los costos y generará una condición de exclusión de campesinos, porque se les estaría imponiendo una barrera de entrada”, en lugar de que darles excepciones.

Se eliminó en el nuevo dictamen, expuso, el requisito de comprobar que las semillas y las plantas estén autorizadas, pero no hay claridad sobre las condiciones que pueda requerir la autoridad para otorgar los permisos.

A los legisladores les preocupa también que el Instituto Mexicano de la Cannabis, responsable de autorizar permisos y concesiones para sembrar y comercializar la droga, entrará en operación hasta enero de 2022.