l derecho de asilo ha sido una tradición del pueblo mexicano, instituida como política de Estado por el general Lázaro Cárdenas, desde los años aciagos en que abrió las puertas del país a los refugiados de la República Española, tras el triunfo de la asonada fascista de Francisco Franco. Recordemos el asilo del gobierno cardenista al revolucionario ruso León Trotsky, la llegada a México de no pocos ciudadanos estadounidenses que huían del macartismo, en la década de los 50, y la acogida fraterna de los exiliados guatemaltecos tras el golpe de Estado del coronel Carlos Castillo Armas, que derrocó el gobierno democrático y consti-tucional de Jacobo Arbenz, con el apoyo decisivo del gobierno de Estados Unidos. Refugiados brasileños, chilenos, argentinos, nicaragüenses, salvadoreños, –entre otros–, encontraron en nuestro país un lugar en el que pudieron rehacer sus vidas, escapando del horror de las dictaduras militares en sus respectivos lugares de origen. Los movimientos más significativos de solidaridad con Guatemala, Nicaragua y El Salvador, durante sus respectivas guerras revolucionarias y sus diferenciados procesos de negociación, se originaron en México, hermanando a los pueblos bajo la bandera del internacionalismo.
Paradójicamente, en los tiempos de la 4T esta tradición, materializada en leyes y tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, fue violentada gravemente con la detención, el 9 de octubre, en territorio nacional, y expedita deportación a Guatemala, el día siguiente, del Comandante César Montes (Julio César Macías Mayora), en un operativo en el que participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y efectivos de la Secretaría de Marina. Tanto la captura como la extradición del Comandante Montes tienen lugar, de acuerdo con Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), pese a que el legendario jefe guerrillero y combatiente internacionalista en El Salvador y Nicaragua, se hallaba en el país como refugiado político, protegido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Figueroa señala que “ César presentó su solicitud de refugio el 19 de noviembre de 2019 y el documento que firmó dice explícitamente en la sección de ‘Derechos’ que ‘ningún refugiado o solicitante de tal condición podrá ser expulsado de México, en tanto que su solicitud de refugiado esté en análisis’. César no declinó su solicitud ni la Comar tampoco la denegó, por lo que en el momento de ser capturado tuvo razón al decirles a los agentes de la FGR que él era refugiado y que estaba protegido por el gobierno de la 4T. La respuesta de los que lo capturaron fue que ‘les valía madre la 4T’.”
En una acción política inédita en la actuación de Morena, partido encapsulado en sus conflictos internos por los cargos de dirección, y que durante estos dos años ha sido omiso en el monitoreo crítico de su propio gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos de ese organismo político, en el Comunicado Extraordinario Nº 86 del 11 de octubre, dejó asentado claramente que: “el gobierno de México está obligado a explicar por qué no se respetó la condición de refugiado de César Montes”, y, en particular, demanda: “al fiscal Alejandro Gertz Manero, al Comisionado del INM Francisco Garduño y al almirante secretario José Rafael Ojeda, explicaciones al por qué siendo César Montes un refugiado político en México, se dictaron órdenes para su aprehensión y deportación.” Pasadas tres semanas de esta violación grave del derecho de asilo, aún no se ha dado una explicación pública por parte del Poder Ejecutivo federal.
A partir de su entrega a las autoridades guatemaltecas, un alud de protestas se dejó sentir, denunciado el clima de odio y revanchismo en contra del Comandante Montes, creado y fomentado por los grupos dominantes de la oligarquía del país hermano, que no le perdonan su trayectoria de vida entregada a la causa de la revolución y la justicia social, su compromiso por los eternos desheredados de la tierra, tras los acuerdos de paz, desde la Fundación Turcios Lima, que él preside, que se encarga de llevar ayuda a escuelas y familiares de escasos recursos en el nororiente del país. Su lucha en contra de las corporaciones capitalistas de la Franja Transversal del Norte y el Polochic, en defensa de los recursos naturales, su actuar entre las comunidades para la recuperación de territorios y la defensa de derechos colectivos, desde las organizaciones sociales, han provocado confrontaciones con los gobiernos en turno y los grupos de poder.
El Comandante Montes es un preso político, por lo que se demanda el pleno respeto a su integridad física y seguridad sanitaria, la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
