i no estuviéramos abollados por noticias como el asunto Cienfuegos, veríamos con alto interés los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública a la salida del doctor Durazo. Él echó a andar un proyecto, bueno o malo, que es histórico y que hoy es imperioso reforzar. Lo peor sería que el sustituto decidiera respetar la labor
del pasado secretario.
El escaso resultado logrado debe verse como un llamado a emprender proyectos complementarios, empezando por aceptar que numerosos gobiernos estatales y municipales hoy ceden el toro a la Federación. Aun esquinados en sus espacios, no van mucho más allá de hacer esfuerzos coyunturales.
El modelo actual conduce a mantener municipios débiles, estados insuficientes y una Federación prepotente, pero igualmente ineficaz. El problema amenaza con trascender actuales generaciones conduciéndonos a un México imprevisible.
Lo que debe interesar es si el presidente López Obrador encuentra en el nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad, la ocasión de actualizar el propósito de Cambio de paradigma en seguridad
, anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo. Mucho se puede agregar.
Lo supuestamente trascendente, el cambio, quedó en poco, lo que se entienda por Guardia Nacional y casi nada más. La realidad desencaminó todo y vamos por donde dijimos que no queríamos ir: a la violencia oficial.
El problema es dinámico, agravantem a pesar de los paliativos oficiales. Por ello, reconociendo esa situación, para enfrentarla debiera aplicarse inédita respuesta. Por tal, el responsable de la conducción de la dependencia tiene el deber de llamar a la puerta presidencial y proponer nuevos esfuerzos, entendiendo que en el mundo no hay nada nuevo, pero sí lo hay. Sólo falta decisión.
La marea criminal doblegó otros propósitos y confirmó el uso de la fuerza como camino, dejando el resto a la inercia de la burocracia. Esto es, la concepción inicial fue irreal e insuficiente. Por su fuerza significativa un propósito determinante sería hacer efectiva la distribución de competencias.
La Constitución atribuye, artículo 21, a Federación, estados y municipios la responsabilidad en materia de seguridad. Se refiere a la prevención, investigación y persecución del delito y sanción de infracciones administrativas. Remite los detalles a un en los términos de la ley
.
Posteriormente, el artículo 115 lo hace teorizando sobre la fortaleza de un municipio que nunca existió. No logró el vigor que se le supuso para hacer valer el orden público. Aceptando que no es de nivel constitucional, el artículo 115 tampoco determina cómo diferenciar problemas y potencialidades de municipios heterogéneos, aunque habla de condiciones territoriales, socioeconómicas y capacidad administrativa y financiera. Aplica más detalle al uso del suelo.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creada en enero de 2009 y reformada hace un año, era el sitio idóneo para orientar cómo atribuir competencias. No creó un sistema, equivocó la palabra, únicamente instauró una pesada e inútil burocracia como el obeso Consejo Nacional de Seguridad Pública compuesto por más de 100 representantes.
Las leyes estatales de seguridad pública son muy heterogéneas, pero eluden la definición y queda en el aire el quién debe y cómo diferenciar a los municipios y darles el trato correspondiente. Es un tema que los gobernadores eluden, es áspero, hiere susceptibilidades de las comunidades originarias o muy frágiles, prefieren aplicar su criterio.
Usando el billete, el Poder Ejecutivo federal define todo. Sostiene invertida la pirámide al discernir con cuánto se queda y a quién, cuánto y cómo entrega apoyos, dejando a municipios y estados en la insuficiencia, fomentando su debilidad y dependencia.
En los hechos, todo opera al revés y ante ese caos ciertos gobernadores han tocado la retirada. Los ejércitos, destinados doctrinalmente a ser la última instancia, hoy son el primer respondiente. ¿Mayor aberración? Estos hechos apoyan la propuesta de dar a los municipios y estados la carga de responsabilidades que la Constitución supone y reservar el poder federal a sus altos fines.
Vistos esos hechos, estamos obligados a aceptar que carecemos del modelo nacional de seguridad como criterio consensuado, el que fuera semejante al que poseen países de comparable nivel de desarrollo. La población advierte a la policía como insuficiente, ineficiente y corrupta. Tal juicio social es inquietante, angustiante. Es la realidad.
El sólo reclutar más elementos, adquirir más armas y equipos, llevará únicamente, como lo argumentó el doctor Durazo, a alcanzar una línea de contención
. Esto es, el empate, como la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Concluyendo, un gran propósito nacional, parte medular de la gran figura para lograr el modelo de policía indispensable es hacer real la distribución de competencias constitucionales y legales de las responsabilidades. Tarea suprema, difícil, pero ineludible.
Fallamos todos en el cálculo y somos insuficientes en la respuesta. La gran pregunta es ¿seguiremos fallando? Aceptar el riesgo de estar cerca del abismo es el primer reto. Por eso, el nuevo encargado de la seguridad pública tiene el deber de reorientarnos.
