stá en curso un movimiento que no inició el pasado 12 de octubre con la decisión de la comunidad de residentes indígenas otomíes en la Ciudad de México de tomar en forma in­definida las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este movimiento hay que analizarlo en sus diferentes dimensiones. La toma se encabeza por indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Desde entonces han luchado por su derecho al acceso a una vivienda digna, han recorrido dependencias de gobierno, han hecho trámites, sin resultados. Han vivido hacinadas, sin servicios básicos en cuatro predios abandonados en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, colonia Roma; avenida Zaragoza 1434, por Panti­tlán, y Roma 18, en la Juárez. Este último fue abandonado desde los sismos de 1985, pero el de 2017 lo volvió inhabitable y las obligó a acampar en la calle, pero el año pasado fue desalojadas por la fuerza pública sin que se cumpliera la promesa de regularizar su situación.

Hasta aquí ubicamos la dimen­sión local del problema. Sin embargo, desde hace cuatro años se han vinculado al Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), a las demandas de los pueblos por sus derechos colectivos. Por ello denominan a su valiente decisión Toma por la dignidad de nuestros pueblos. Agregaron: Es el momento de alzar la voz y de no quedarnos callados. 528 años nos han oprimido, nos han despojado, como para dejarnos 528 años más, indicó Maricela Mejía, concejala del CIG, respaldada por sus compañeras. Por principio de cuentas afirmaron que el INPI no los representa ni las siglas anteriores, pero que ahora sí será de verdad que ese edificio será su casa. Como tal, procedieron a ocupar dos de sus seis pisos y a tapizarlos de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En las instalaciones del INPI la comunidad otomí, el pasado 17 de octubre, realizó el foro A 528 años: nuestra lucecita de resistencia y rebeldía, sigue encendida, con la participación de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio (Marichuy), quien respaldó la actuación de la comunidad otomí en la CDMX. Les dijo: Vamos a seguir porque ustedes tienen una herramienta muy importante, que es la voz. Tal vez no tengamos armas, pero nuestra arma es la voz y no tenemos que quedarnos calladas y callados. Son parte del movimiento nacional indígena. En sus conferencias de prensa las otomíes incluyen el cuestionamiento a los megaproyectos en curso, exigen que se realicen consultas indígenas reales y manifiestan que se oponen al Tren Maya, al Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica, y al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Se han sumado a sus demandas pueblos y organizaciones del CNI y la Red Nacional Indígena (RNI) les expresó apoyo, en contraste con otras agrupaciones indígenas que suponen necesario cerrar filas con el director del INPI, presunto agraviado por la toma de sus oficinas.

Es interesante observar cómo el Gobierno de la Ciudad de México, responsable directo de la añeja falta de atención a la comunidad otomí, se ha mimetizado en el INPI, que ostenta la representación del gobierno de México, en sus comunicados oficiales. A la fecha, no se conoce su postura. Sí aparece referida la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX como institución mediadora (comunicado 15/10/20). Seguramente la comunidad otomí estará analizando la propuesta de participar en una mesa de trabajo que le causará dudas, pues con los años que lleva expresando sus demandas y realizando trámites oficiales, ahora la invitan a dialogar para conocer sus necesidades y peticiones y avanzar en la atención de las mismas. Ya la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, acudió a la toma y ofreció, con respeto, la mediación en un diálogo, así como el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se tomen, esperando su respuesta.

El ya basta de la comunidad otomí ha colocado un espejo al neoindigenismo en curso, por lo pronto la evidencia de que no basta con los programas de apoyos o becas individuales, mientras no se aborden los problemas estructurales de los pueblos indígenas con respeto a su libre determinación y autonomía. Este movimiento crece con la agenda nacional, que suma agravios anteriores a los actuales de los tiempos de la llamada 4T. Impensable que el gobierno proponga y el CNI-CIG, menos el EZLN, acepten un diálogo que produzca una nueva versión de los incumplidos acuerdos de San Andrés. La moneda está en el aire. Es incierto que cumplan, para empezar, con la vivienda para residentes otomíes en la Ciudad de México.