Mérida, Yuc., Campesinos del municipio indígena de Maxcanú, ubicado en el sur-sureste de la entidad, impidieron que comenzaran labores empleados de una empresa contratada para desmontar terrenos por donde pasará el tramo 3 del Tren Maya. Los inconformes aseguraron que esas obras destruirán 10 casas y afectarán alrededor de 50 parcelas.

En respuesta, el comisariado ejidal de Maxcanú detuvo la entrega de más de 3 millones de pesos que la Federación envió, que se sumarían al pago inicial de 13 millones de pesos como derecho de ampliación de vía del Tren Maya, dio a conocer el colectivo Indignación, defensor de los derechos humanos.

El organismo reportó que el sábado anterior pobladores detectaron que personal de la compañía Barrientos afectaría de manera grave el patrimonio de al menos 10 campesinos, y por eso obligaron de manera pacífica a que se detuvieran las labores del tramo 3 de la vía, que irá de Calkiní (Campeche) a Izamal (Yucatán).

Por conducto de Indignación, los inconformes demandaron en un comunicado que los trabajos se interrumpan hasta que autoridades federales aclaren pagos a campesinos por sus propiedades afectadas, que no se han efectuado.

Denuncian anomalías en indemnizaciones

Según los inconformes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio en mayo anterior un cheque por 13 millones de pesos por la ampliación de 10 a 20 metros del derecho de vía. El representante jurídico de los labriegos, Alfredo Sánchez, informó que el cheque fue proporcionado al comisario ejidal José Alfredo Argáez, quien lo repartió al ejido.

Fonatur expidió posteriormente otro cheque por 3 millones 111 mil pesos para indemnizar a los propietarios de una decena de casas que serían directamente afectadas por la ampliación del derecho de vía por donde debe pasar el ferrocarril, pero ese dinero no se ha entregado.

Indignación acotó que el comisario Alfredo Sánchez pretende entregar los 3 millones 111 mil pesos de manera discrecional.

Sánchez, ante la presión de los campesinos, organizó hace más de dos meses una asamblea con el fin de entregar indemnizaciones, pero sin un previo análisis de los daños para definir con exactitud las indemnizaciones a las 10 familias afectadas.

Esto propició que los agricultores de Maxcanú impidieran los trabajos de desmonte.