Campeche, Camp., A lo largo de los 371 kilómetros que el Tren Maya recorrerá a su paso por el estado de Campeche se efectuaron avalúos arbitrarios para regatear el pago de tierras ejidales; autoridades comunales recibieron sobornos para aceptar el remate de las superficies por donde rodará el ferrocarril, y ante la inconformidad de campesinos que se dicen engañados surgen amenazas de bloquear los trabajos hasta que se transparenten las negociaciones.

Desde Candelaria, el primer punto de la entidad que tocará el Tren Maya desde su salida en Palenque, Chiapas, hasta Calkiní, la última localidad campechana antes de ingresar a Yucatán, se han multiplicado los desacuerdos en asambleas ejidales, una vez que agricultores comprobaron que fueron esquilmados con el avalúo de sus tierras.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contrató al despacho Barrientos y Asociados para negociar con los labriegos la medición y el pago de sus tierras. A pesar que desde junio pasado se entregaron cheques de indemnización por un monto global mayor a 800 millones de pesos, y de que cada ejidatario recibió entre 3 mil y 13 mil pesos por las tierras que les serán afectadas, las desavenencias surgen ahora porque nadie sabe en cuánto se cotizó el metro cuadrado.

La disparidad en las cotizaciones, presuntamente elaboradas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), cuyos estudios no se proporcionaron a comisarios ejidales, es fehaciente: mientras en el municipio de Tenabo se pagó el metro cuadrado a 196 pesos, en la comunidad Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón, se ofrecieron 23.80, pero en Villa de Guadalupe, poblado de la misma demarcación, se entregaron únicamente 4.50 pesos.

Los comisarios ejidales argumentan a quienes los interpelan que jamás recibieron un documento que explique cómo se efectuó el avalúo y explican que sólo se les dijo que se afectarían superficies de tres hasta 30 hectáreas, y por eso les correspondería a los agricultores un monto determinado.

“Por necesidad aceptamos, pero luego de hacer la revisión nos dimos cuenta que fuimos chamaqueados, que nos engañaron”, afirmó el comisario ejidal de Hecelchakán, Ángel Gabriel Chablé Ceh, quien acusó directamente a Fonatur de implementar un montaje, pues en su localidad se entregaron apenas un millón 613 mil pesos por 3.4 hectáreas, y ahora exige rectificar las medidas con la supervisión de los comuneros.

Jorge Manuel Alcocer Pantí, comisario de Santa Cruz, Hecelchakán, aseguró que también lo engatusaron. Narró que personal de Fonatur llegó a regatear y primero ofreció 400 mil pesos por 3.2 hectáreas, que sus compañeros rechazaron. Regresó con empleados de Barrientos y Asociados y ofreció el doble, pero tampoco hubo trato. La tercera vez, un representante de Fonatur propuso un millón 700 mil pesos y se firmó el convenio.

Sin embargo, advirtió que los labriegos no están de acuerdo con el monto, ya que no saben a qué precio se les pagaría el metro cuadrado, por lo que varios comisarios se reunirán para pedir explicaciones.

En Felipe Carrillo Puerto, Champotón, se afectarán más de 40 hectáreas, equivalentes a unos 408 mil 931.11 metros cuadrados. El avalúo fue de 23.80 pesos por metro cuadrado y los ejidatarios recibieron 11 millones 62 mil 671 pesos 18 centavos, bajo el concepto de derechos de vía y tierras de uso común. Sin embargo, los campesinos no estuvieron satisfechos e hicieron renunciar al comisario Gonzalo Pool Nah. Adelantaron que cuando designen una nueva autoridad renegociarán.

En Xbacab, Champotón, se entregó un cheque por un millón 997 mil pesos, y Fonatur no informó el costo por metro cuadrado, por lo que hay molestias. Además, el comisario ejidal Arturo Novelo Dzib descontó 150 pesos por agricultor y 18 mil pesos por gastos de operatividad. Cada ejidatario recibió 6 mil 554 pesos de indemnización.

El ejido 5 de Febrero, Champotón, recibió 2 millones 500 mil pesos de compensación por 29 hectáreas, y el avalúo fue de 8.6 pesos por metro cuadrado, lo que no satisfizo a los productores, quienes recurrieron a la Procuraduría Agraria (PA) para nulificar las actas y contratos y demandar que se actúe conforme a la Ley Agraria.

En Candelaria está latente la amenaza de suspender los trabajos del Tren Maya, ya que no han concluido las negociaciones para la medición de las tierras que serán afectadas, y para el pago de la indemnización correspondiente.

El comisario Luis Álvarez Morales estimó que más de 6 kilómetros lineales serán afectados, y demandó la intervención de la PA para la verificación de las medidas y la supervisión en la forma de pago, tomando como base lo entregado a otros ejidos.

Si no hay acuerdos, tampoco habrá trabajos del Tren Maya, advirtió Álvarez Morales. Esa frase se repite en todas las comunidades de Campeche por donde se proyecta que pase el ferrocarril Tsíimin K’aák (caballo de fuego en maya), como Fonatur lo denomina.