Santiago. El 19 de octubre de 2019 comenzaron en Chile inmensas protestas sociales gatilladas por una conjunción de frustraciones ciudadanas: bajos salarios (70 por ciento de los trabajadores gana menos de 700 dólares mensuales), pésimas pensiones (en promedio 180 dólares mensuales), grave endeudamiento familiar (7.5 por ciento de los ingresos), servicios básicos convertidos en negocios; hastío de la clase política (2 por ciento de aprobación) y del gran empresariado abusador, proclive a colusiones groseras que encarecieron los medicamentos, los alimentos y los artículos de aseo personal.

Un año después, hoy domingo, millones votan para decidir acerca de construir una constitución que erradique el precepto de que hasta los aspectos más vitales de la vida pueden ser tratados como asunto de lucro. De manera virtuosa, el fiasco y la indignación que explotaron iracundos se canalizaron en la certeza colectiva de que se requiere erradicar el mercantilismo brutal de los pasados 40 años y que terminó haciendo incierta y angustiante la vida cotidiana de la gente.

La trascendencia del proceso constituyente es de proporciones históricas, representa el término del legado de la dictadura y en algún sentido el fin absoluto de esta larguísima transición a la democracia, asegura el abogado constitucionalista Javier Couso, catedrático de las universidades Diego Portales (Chile) y de Utrecht (Holanda), en nuevo diálogo con La Jornada luego de casi 12 meses.

–¿Cómo fue posible que el proceso constitucional se convirtiera en la principal demanda del estallido?

–En algún sentido porque 10 años antes, tres de cuatro candidatos presidenciales plantearon la necesidad de una nueva Constitución; también lo hizo el movimiento de los estudiantes universitarios de 2011, advirtiendo que sus legítimas demandas simplemente no podrían materializarse sin reformas progresistas en salud, educación y otras. Luego, cuando la presidenta (Michelle) Bachelet tomó como una de sus banderas avanzar a una nueva Constitución, la frustración de que la derecha lo impidiera quedó en la retina de los chilenos. Así que no es tan raro que, producido el estallido, surgiera como una respuesta para canalizar las demandas, porque la constitución tiene un sesgo neoliberal muy fuerte que impide a las mayorías gobernar.

Legitimidad social

–¿Qué tan importante es que el proceso constituyente disponga de legitimidad social?

–Es de la mayor relevancia, comenzando por que voten millones de personas y que durante la deliberación y redacción del texto participe, se escuche y atienda a la sociedad civil, y por supuesto el plebiscito ratificatorio en 2022.

–Cuando se dice la Constitución heredada de Pinochet que consagró el modelo, ¿cómo se expresa eso?

–En una serie de normas. Por ejemplo, establece que las personas elijan entre en un sistema público o privado de salud, lo que en la práctica constitucionalizó el privado, segregando la salud en tanto seguridad social entre grupos pudientes –el 18 por ciento que puede pagar– y el 82 por ciento de desaventajados que no tienen otra alternativa que tratarse en un sistema público desfinanciado y con menos recursos humanos y materiales. Unificar la provisión de salud en todos los segmentos socioeconómicos hoy en Chile sería considerado inconstitucional.

“Otra es la prohibición de negociación colectiva por área de actividad, estableciendo que el trabajador sólo podrá negociar con la empresa en que trabaja, haciendo imposible el modelo de las socialdemocracias europeas que permiten, por ejemplo, la negociación de todos los sindicatos portuarios con todas las empresas portuarias.

“Un tercer ejemplo es la hostilidad al Estado empresario: es imposible crear una empresa estatal o participar el Estado en una empresa privada, solamente puede ser por una ley de supramayoría. La Constitución también prohíbe la huelga en el sector público y municipal.

Por supuesto, deben agregarse derechos sociales, pero lo central es desmontar estos bloqueos que hacen casi imposible que un gobierno socialdemócrata pueda desplegar su programa.

Consenso difícil

–¿Cuáles derechos sociales deberían consagrarse como obligación del Estado proveerlos?

–Atendido el requisito de los dos tercios para incorporar cualquier norma en el texto, veo difícil que se alcancen consensos para incluir demasiados derechos sociales. De todas maneras, por la legitimidad que tienen, van a expandirse los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres. El domingo (hoy) lo más importante que pasará, de prevalecer el apruebo, es que la minoría de derecha dejará de tener un veto para impedir que legislativamente se pueda desarrollar un Estado de bienestar fuerte. El problema central de la Constitución de 1980, más allá de su falta de legitimidad, es que bloquea las políticas progresistas; por tanto, se requiere tener una que, aunque breve, deje gobernar a las mayorías.

–El requisito de los dos tercios para aprobar el articulado y la alta probabilidad de que la derecha obtenga más de un tercio, ¿cómo podrá resolverse?

–Entiendo que se vea en ello un peligro y que exista temor a que se boicotee el proceso, pero creo poco realista ese escenario. Si con su voto contundentemente el pueblo de Chile repudia la Constitución de Pinochet, ese mandato será muy difícil de desconocer para la derecha, sería impensable que lo hiciera, porque el problema quedaría pendiente. Las implicancias sociales y políticas de seguir con una carta deslegitimada serían insostenibles y mantendría el tema constitucional en el centro del debate.

–¿Ha estado el gobierno a la altura de este proceso político?

–Para nada. En vez de empoderarse, como hizo César Gaviria en Colombia o Nelson Mandela en Sudáfrica, Piñera ha sido más bien displicente, e incluso en abril llegó a coquetear con la idea de que por la pandemia era muy caro iniciarlo. Ahora, para asegurar que haya una votación tranquila en plena pandemia, ha sido casi negligente. Pero si el proceso termina siendo un éxito, lo será a pesar de la displicencia y negligencia de Piñera.