udos quedaron los partidos políticos y sus rebaños en el Legislativo, los autodenominados líderes sociales, la comunidad académica y científica, los intelectuales y los opinadores cuando más de 12 años atrás se denunció y documentó el multimillonario desvío de recursos públicos para financiar la investigación y desarrollo tecnológico (IDT) de grandes consorcios privados, nacionales y foráneos, dineros que alegremente se canalizaban a tal fin a la par que el gobierno en turno recortaba los presupuestos de la UNAM, el IPN y demás instituciones educativas del Estado.

Se trata del mismo mundillo –mudo en aquella ocasión y a lo largo de los años (porque tal financiamiento se registró con Fox, Calderón y Peña Nieto)– que hoy pone el grito en el cielo por la extinción de 109 fideicomisos y, en especial, la de fondos y programas destinados al citado mecanismo de financiamiento, vía Conacyt, a los grandes consorcios, por medio del cual, sólo en el gobierno peñanietista, se desviaron más de 41 mil millones de pesos, monto que se aproxima a 100 mil millones si se incluyen las erogaciones de las dos administraciones panistas.

Paradójicamente, la mayoría de esos beneficiarios brillaban por su incumplimiento en el pago de impuestos, pero al mismo tiempo recibían subsidios fiscales y directos para desarrollar sus proyectos de IDT, mientras las instituciones del Estado dedicadas a esos menesteres fueron perversamente condenadas a la inanición financiera.

Vale recordar una anécdota publicada en este espacio allá por julio de 2008, en tiempos calderonistas: “semanas atrás, los pumas mayores de la UNAM recibieron un telefonazo de los genios de la Secretaría de Hacienda, quienes les solicitaron revisar por dónde podrían recortar el presupuesto universitario para que el inquilino de Los Pinos completara el cochinito del nuevo subsidio por él anunciado en el marco de Oportunidades, por un monto de 4 mil 500 millones de pesos. No contestaron así, porque los felinos son muy educados, pero en términos llanos los mandaron al carajo, no sin antes recomendarles que si tal era la urgencia y de inmediato querían esos 4 mil 500 millones de pesos, simple y sencillamente cancelaran los subsidios gubernamentales al sector privado en materia de IDT” (los cuales ese año sobrepasaron la cantidad requerida por El Borolas).

Así es: recortar a la educación pública para beneficiar a los grupos privados, lo que nos lleva a recordar que desde los tiempos salinistas, cuando menos, el compromiso gubernamental ha sido incrementar la inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico hasta llevarla al equivalente a uno por ciento del producto interno bruto. En los hechos, y seis administraciones después, tal proporción a duras penas, y si bien va, no llega a 0.4 por ciento del PIB, pero panistas y priístas destinaron multimillonarias cantidades a los grandes consorcios nacionales y foráneos para que desarrollaran sus proyectos de IDT.

Pues bien, en la mañanera del pasado miércoles la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, divulgó los nombres de algunos consorcios favorecidos por el citado mecanismo (entre ellas Kimberly Clark, de Claudio X. González, uno de los mudos de ayer y gritones de hoy), pero el inventario es abundante, y en ninguno de los casos se justifica el uso de recursos públicos.

Sólo en 2006, por ejemplo, General Motors se embolsó cerca de 500 millones de pesos y DaimlerChrysler 320 millones; Arca, embotellador de Coca-Cola en México, alrededor de 200 millones; Cadbury Adams, 30; AstraZeneca, 13; Bayer, más de 7; Bombardier, 4; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de Femsa, alrededor de 11; Du Pont, más de 16; Laboratorios Abbott, casi 7; Gamesa, subsidiarias de Pepsico, cerca de 38 millones; Posadas (que compró Aeroméxico) cerca de 22 millones, y así por el estilo.

Las rebanadas del pastel

¿Quién será la secretaria que ya perdió el rumbo y supone que la dependencia que encabeza es suya y no parte de la 4T? (Rayuela dixit) ¿Acaso la niña del papá y el conflicto de intereses?

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