Washington. Abogados designados por un juez federal no encuentran aún a los padres de 545 niños migrantes separados de sus familias entre 2017 y 2018 por órdenes del gobierno del presidente Donald Trump, de acuerdo con la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Los menores permanecen en Estados Unidos y la organización calcula que dos terceras partes de los padres de estos pequeños fueron deportados a países de América Central hace más de dos años, informó ayer la cadena NBC.

En 2018, la administración Trump ordenó una política de cero tolerancia a la migración en la frontera sur del país, si bien el gobierno confirmó que la práctica de separación de niños de sus familias comenzó en 2017 como un programa piloto, y en ese año más de mil familias fueron separadas en la frontera, indicó la ACLU, que trabaja con abogados para rastraer a los padres de estos niños, que, en la mayoría de los casos, fueron deportados de inmediato.

La organización sostiene que logró contactar a los padres de 550 menores, pero que sólo 25 tienen posibilidades de volver a Estados Unidos a reunirse con sus hijos.

En tanto, el gobierno de Trump anunció que los solicitantes de asilo perderán la posibilidad de que se les conceda refugio en caso de ser condenados por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con pandillas.

La regla, que entrará en vigor el 20 de noviembre, es la más reciente en una serie de medidas para dificultar la obtención de asilo en Estados Unidos.

La medida no tendrá un impacto inmediato debido a una prohibición temporal relacionada con la pandemia emitida en marzo, la cual señala que las personas que ingresen de manera indocumentada al país sean expulsadas de inmediato por motivos de salud pública.

En tanto, más de mil 500 personas han sido arrestadas y acusadas de crímenes estatales y federales en los últimos tres meses como parte de una ofensiva de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el crimen violento, dio a conocer el titular interino de la agencia, Tim Shea.

Desde que comenzó el operativo en agosto, mil 521 personas han sido arrestadas en diversas ciudades y se han incautado 2 mil 135 armas.

Estas operaciones son frecuentes en el gobierno federal, pero el tema de la ley y el orden es un componente principal de la campaña de relección de Trump.

La operación Proyecto Salvaguarda coincide con la participación del gobierno federal en la respuesta a un aumento de la delincuencia y sirve para poner de manifiesto lo que el presidente llama valor para imponer la ley y el orden en entidades gobernadas por demócratas.