Las detenciones de niños migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen siendo una constante, pese a la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia e higiene establecidas por el gobierno mexicano con el fin de combatir la pandemia y a la orden de un juez federal para evitar las aprehensiones de menores en estaciones migratorias.

La Coalición Internacional contra la Detención y el Instituto para las Mujeres en la Migración indicaron que, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y agosto de 2020, a pesar del Covid-19, fueron detenidos en estaciones migratorias 7 mil 442 menores en tránsito por México, 37 por ciento niñas y 63 por ciento varones.

En 2019, agregaron, se dio la cifra más alta, con más de 50 mil casos, la mayoría de estos niños y adolescentes provenían de Honduras y Guatemala. Esta cifra no tiene precedentes en los 17 años que la Secretaría de Gobernación publica sus estadísticas sobre detenciones migratorias. En comparación con 2018, éstas crecieron 82 por ciento.

“Sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, la pobreza y las amenazas contra su vida y la de sus familias. En el contexto actual de la pandemia, seguir con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos de la niñez y adolescencia de seguir siendo detenida en estaciones migratorias y a su vez en riesgo de contraer el coronavirus, pues las reformas recientes aún no entran en vigor”, señalaron.

Por ello, ambas organizaciones reconocieron el avance legislativo para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia migrante al armonizar las leyes de migración y sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 29 de septiembre.

Estas reformas prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias y otorgan la responsabilidad de garantizar el bienestar de esta población al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quitando esa competencia al INM y reconociendo los derechos de ese sector por encima de su condición migratoria.