Morena impulsa en el Senado una iniciativa con el fin de expedir la ley general para atender el desplazamiento forzado interno. Los legisladores Nestora Salgado y Ricardo Monreal presentaron la iniciativa en la que resaltan que en México se estima que hay alrededor de 310 mil 527 desplazados entre menores, mujeres, ancianos e indígenas, a causa de la violencia generalizada, ataques armados o enfrentamiento entre grupos armados.

En el texto de la iniciativa referida, que fue publicado en la Gaceta del Senado, se asegura que de enero a diciembre de 2018, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se registró en el país un total de 25 episodios de desplazamiento forzado interno que afectaron a 11 mil 500 personas en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades.

Los senadores firmantes de la iniciativa subrayan que Guerrero registró en ese año 5 mil 56 personas desplazadas, lo que corresponde aproximadamente a 44 por ciento de la población que enfrenta esta problemática.

En segundo lugar se ubicó Chiapas, con 5 mil 35 desplazados, que representa 43.82 por ciento. Y Sinaloa ocupó el tercer lugar con 860 víctimas, es decir, 7.48 por ciento, apuntan.

Salgado y Monreal indican que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo para dar una respuesta integral que México debe dar a este fenómeno.

Hacen notar que en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio, pero todavía no se han creado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos. Actualmente, señalan, el país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas internamente desplazadas.

El proyecto de los legisladores de Morena considera los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento, la creación de un registro único de víctimas y la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral.