Pese a cumplir con los requisitos legales para ser beneficiaria del esquema de preliberación por razones humanitarias, la ciudadana hispano-colombiana Macarena Rodríguez Farré no ha podido acceder a dicha garantía, lo cual agrava las condiciones de salud de por sí delicadas que sufre desde hace varios años, advirtió la organización civil Reinserta.

Grecia Granados, abogada del colectivo, explicó que en agosto de 2008, Rodríguez –quien era trabajadora sexual– le reclamó el pago de sus servicios a un cliente que se negó a cumplir con la cifra acordada, por lo que, en represalia, la madre de éste operó para acusarla falsamente de secuestro exprés, delito por el cual recibió en 2009 una condena de 22 años y medio de prisión.

La litigante subrayó que durante el proceso judicial, la acusada no tuvo asistencia consular ni acceso a una defensa adecuada, además de que se violó su derecho a la presunción de inocencia y hubo fallas en la cadena de custodia de algunos elementos de prueba, lo cual forma parte de un fenómeno de violencia estructural de género contra Rodríguez y otras mujeres presas.

Macarena es una mujer pobre, con preferencias sexuales diferentes a las hegemónicas, y todo eso se conjunta para que lleve compurgados 12 años. El de ella es uno más de los miles que hay en un sistema que tiene mucho de patriarcal y de misógino, destacó.

Por su parte, la maestranda del posgrado de defensa y promoción de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ethel Flores Castillo indicó que en una valoración médica realizada en 2017, se determinó que Rodríguez tenía una esperanza de vida de cinco años por varias enfermedades graves.

En agosto de 2019 se le notificó que podría ser beneficiaria del plan de atención a mujeres privadas de la libertad en la Ciudad de México y acceder a una preliberación por motivos de salud, pero desde entonces –y a pesar del riesgo que implica la pandemia de Covid-19– los trámites se quedaron congelados.

La activista denunció que los servicios médicos en el penal de Santa Martha Acatitla –donde está recluida Rodríguez– son revictimizantes y de ínfima calidad, lo cual ha hecho que la salud de la mujer haya empeorado al punto de afirmar que la están dejando morir dentro de la cárcel.

Por todo ello, Flores y Granados exigieron que se haga efectivo el acceso de la acusada al programa de preliberaciones por razones humanitarias y se le brinde la atención médica especializada que requiere.