El académico e investigador Santiago Corcuera, ex presidente del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), se congratuló por el depósito –o aceptación oficial– que realizó el pasado viernes el gobierno de México de la competencia de dicho órgano para recibir quejas individuales.

En entrevista con La Jornada, el experto saludó que las autoridades hayan decidido no poner un límite temporal para que el mencionado organismo reciba casos de víctimas mexicanas, como pudo haber hecho para restringir los casos que ocurrieron en años previos a la aceptación de las facultades del CED.

Estoy sumamente complacido y contento por las víctimas y sus familiares, que tanto impulso pusieron en este tema, y porque fui presidente del Comité y comprendo desde adentro la importancia de sus funciones, subrayó.

Corcuera destacó que el gobierno del país no interpusiera una reserva en razón del tiempo, es decir, que no haya reconocido la competencia del CED únicamente para las quejas individuales que ocurran tras el depósito o aceptación formal de sus facultades, lo cual abre la puerta para que el organismo analice casos de desaparición que hayan sucedido desde diciembre de 2010.

Aunque México había ratificado en 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, no había terminado de hacer los trámites necesarios para admitir todas las facultades del CED, entre ellas recibir quejas individuales, lo cual había sido duramente criticado por organizaciones civiles.

El hecho de que el Estado mexicano no aceptara plenamente la competencia del Comité –argumentando que tenía que hacer primero una serie de consultas sobre la conveniencia de ello ante diversas secretarías– hizo que María Herrera (madre de cuatro personas desaparecidas) interpusiera en 2018 un amparo para obligar a las autoridades a cumplir con este trámite.

Aunque en enero de 2019 un juez federal le concedió el amparo a la activista, lo que obligaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aceptar la competencia del CED para conocer de casos individuales, la cancillería impugnó el fallo y se negó a acatarlo, en un proceso legal que se alargó hasta el viernes, cuando ocurrió el depósito de la aceptación.