El surgimiento de una nueva caravana de migrantes hondureños que se dirige a México no es una provocación, como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el resultado del agravamiento de las condiciones de vida de millones de personas en Centroamérica y el relajamiento de las medidas de restricción de movilidad en esa área.

Así lo consideró Abdel Camargo, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, quien alertó que la narrativa oficial contra la caravana y el despliegue de la Guardia Nacional para contenerla puede generar el riesgo de abusos contra los derechos humanos de quienes integran este éxodo.

Esta movilización en particular, yo diría que es lógica en el sentido de que las condiciones que facilitan o promueven la expulsión de la gente no han cambiado; de hecho, se han vuelto más profundas a raíz de la pandemia de Covid-19, indicó el experto en temas migratorios.

Sumado a lo anterior, la caravana se hace porque se levantan las restricciones de movilidad en Guatemala. Frente a dicho escenario, los gobiernos de México y Guatemala han optado por darle una lectura política a la caravana sin tomar en cuenta la raíz económica y social que genera este tipo de movilizaciones masivas.

Implica la criminalización de los migrantes, porque México anuncia que habrá castigos de hasta 10 años de cárcel (para quienes entren al país sin tomar medidas sanitarias contra el coronavirus). Son mensajes para desincentivar la caravana y eso tendrá efectos en el flujo de personas que van a tomar otras rutas, advirtió. Se va a evidenciar, dijo, una política migratoria más punitiva, con mayor control, bajo amenazas y deportaciones, dándole un mensaje claro a los caravaneros en Guatemala y México.