Resultado de las recientes investigaciones en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ese total, ya ha cumplimentado 58, entre ellas, las de tres elementos de la Policía Federal, un militar, varios ex funcionarios municipales del estado de Guerrero, también contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes.

Entre los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, que dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), algunos fiscales federales, un efectivo del Ejército Mexicano que tenía responsabilidad en cuanto a las labores de inteligencia que el personal de la Defensa Nacional realizaba en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como decenas de ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido liberados al considerar los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas que acreditaran su responsabilidad en cuanto a las acusaciones por delincuencia organizada y secuestro.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad y que hoy estarán presentes en el acto que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionaron que los avances en el caso Iguala son importantes, ya que no se han escatimado esfuerzos para detener a quienes se les ha detectado alguna responsabilidad, aunque señalaron que la filtración de información ha permitido que algunos de los inculpados estén prófugos.

Ese es el caso de Zerón de Lucio, en torno de quien la FGR solicitó la colaboración internacional para su aprehensión y revelaron que, una vez que la Agencia de Investigación Criminal detectó que el ex funcionario viajó a Canadá de manera inmediata, solicitó información, pero la respuesta tardó ocho meses y en ella se dijo que sí había llegado a Vancouver y allí abordó un vuelo con destino a Tel Aviv, Israel, donde ya ha sido ubicado.

Además, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha que se agredió a los estudiantes, ya es buscado para enfrentar un mandamiento en su contra por desaparición forzada y no podrá solicitar beneficios jurídicos aunque haya sido testigo colaborador de la FGR.

En cuanto a El Cabo Gil, el Ministerio Público aportó como prueba la transcripción de los mensajes que interceptó con autorización judicial la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en los que el imputado dijo a otros mandos de Guerreros Unidos que entre los estudiantes iban infiltrados miembros del grupo de Los Rojos, organización rival, y por ello ordenó que los secuestraran y asesinaran.

Los entrevistados refirieron que el gobierno mexicano está a la espera de que en Europa disminuyan los efectos de la pandemia, ya que están pendientes de enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, al menos una decena de fragmentos óseos que podrían aportar la identificación de otros estudiantes que fueron victimados en septiembre de 2014 por parte de Guerreros Unidos.