ras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno procedería a una limpieza de malos servidores públicos en la Comisión Nacional de Agua (Conagua), seis altos funcionarios de esa dependencia presentaron sus renuncias: Eduardo Seldner, subdirector de Administración, Alfredo Ocón, subdirector general técnico, Víctor Yamanaka Alcocer, de Infraestructura Hidroagrícola, Eugenio Barrios, de Administración del Agua, Patricia Ramírez, de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y Celia Maya García, subdirectora general jurídica.

El señalamiento presidencial, formulado en su conferencia matutina de ayer, es reacción a una investigación periodística, según la cual el control de la institución se encontraba en manos de funcionarios relacionados con las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ocurre con el telón de fondo del conflicto en presas de Chihuahua por la negativa de diversos grupos a permitir que México se ponga al corriente en sus aportaciones de agua a Estados Unidos, de acuerdo con los términos del Tratado de Aguas Internacionales que ambos países firmaron en 1944; un elemento de contexto igualmente importante es la entrega discrecional de concesiones del líquido a particulares, concesiones que llegaron a ser disparatadas en número y volumen en sexenios anteriores y que constituyen por sí mismas un indicio de influyentismo y de posibles prácticas corruptas en la institución.

Lo que es claro es que la entidad responsable de la administración de los recursos hídricos propiedad de la nación, ha venido operando en forma injusta y desordenada, beneficiando a los grandes intereses empresariales en detrimento de las necesidades de consumidores y campesinos, sean éstos ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios; es decir, ha seguido apegada a las lógicas neoliberales que la actual administración busca superar, y a contrapelo de los principios pregonados por la Cuarta Transformación.

Debe considerarse que los funcionarios gubernamentales son libres de tener las filiaciones y simpatías políticas que deseen, pero que en el desempeño del servicio público deben comportarse con lealtad a las instituciones para las que trabajan y acatar las directrices emanadas del Ejecutivo federal. Sin embargo, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, los ahora dimitentes operaban como si nada hubiese cambiado en la nación a raíz de la llegada de López Obrador a Palacio Nacional.

Una consideración insoslayable es que no hay razón para suponer que la situación que ha venido imperando en la Conagua sea un hecho aislado; puede ser, en cambio, botón de muestra de lo que ocurre en otras entidades del gobierno federal, lo que no resultaría sorprendente; lo extraño es que entre los miles de funcionarios de carrera que conservaron su puestos tras el primero de diciembre de 2018, o que pasaron a ocupar un cargo nuevo, no hubiera ninguno que hubiese optado por una resistencia solapada y por convertir su desempeño profesional en una modalidad de boicot a las nuevas políticas.