Este año la Secretaría de Gobernación (SG) ha recibido más de 3 mil peticiones de liberación de presuntos inocentes, sentenciados en penales federales y estatales. A partir de la creación de la Unidad de Justicia, la dependencia se convirtió en una mesa de recepción y gestión de casos de este tipo que no han encontrado eco por otras vías.

Según un informe del área, ha logrado 14 liberaciones y halló a una menor de edad que se encontraba no en un penal, sino en un albergue de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, creada en mayo de 2019, tiene como propósito ayudar a disminuir los niveles de impunidad, incidencia y reincidencia delictiva.

Luego de una compilación de datos en 11 instancias –fiscalías, servicios periciales y forenses, centros penitenciarios y de internamiento para adolescentes, y unidades de medidas cautelares– se hizo un levantamiento estadístico para elaborar la Ley de Amnistía, así como de posibles beneficiarias para las preliberaciones en el contexto de la pandemia por coronavirus, en especial en los grupos de riesgo.

Las mesas de justicia, área encargada de hacer el análisis jurídico de los casos de presuntos responsables, recibieron de inmediato cientos de peticiones, de manera directa, o de asuntos tramitados en la Presidencia de la República.

Hasta mediados del presente año habían recibido 2 mil 573 casos; de ahí se realizaron las 14 liberaciones referidas.

Gobernación señaló que se han establecido protocolos de atención, en particular para cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona.

Adicionalmente, 437 personas –al corte de agosto– han solicitado su libertad bajo la Ley de Amnistía, aprobada en abril pasado. En semanas recientes la lista ha crecido, aseguraron funcionarios de la SG.

En este grupo se benefició a indígenas que durante su proceso no contaron con un intérprete, personas acusadas por aborto y otras por posesión de drogas.

Adicionalmente, en acciones conjuntas con distintas dependencias, tanto de nivel federal como estatal, de un total de 193 mil 513 personas privadas de su libertad al 31 de julio pasado, se otorgaron mil 993 preliberaciones y libertades como respuesta a la contingencia sanitaria por Covid-19.