La suspensión definitiva otorgada a Greenpeace contra el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, puede ser impugnada por el gobierno federal por lo que el proceso y su fallo final podría todavía demorarse unos cuatro meses, consideró el académico especialista en derecho administrativo del Centro de Investigación y Docencia Economicas (CIDE), José Roldán.

Con esta suspensión en términos prácticos, dijo, las cosas siguen como si no se hubieran emitido esa política, que establecía ciertas limitaciones para los productores de energía eólica y fotovoltaica, y pueden seguir con sus actividades.

Greenpace argumenta que si se llevarán a cabo las medidas contenidas en el Prodesen afectarían al medio ambiente y serían un obstáculo para el desarrollo de las energías limpias. También reclama que el programa incentiva el uso del carbón y otros combustibles fósiles que afectan al medio ambiente.

El martes, el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, difundió que otorgó una suspensión definitiva a Greenpeace contra el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, publicado el 8 de julio en el Diario Oficial de la Federación.

Roldán dijo que el conflicto podría extenderse hasta por cuatro meses, pues todavía hay recursos para ambas partes, como acudir al Tribunal Superior y podrían llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, consideró el académico.

Esto significa que la Secretaría de Energía y todos los organismos públicos encargados de aplicar el contenido del Prodesen, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberán abstenerse de cumplir los objetivos y estrategias establecidos en el referido documento, hasta que un juez federal resuelva de fondo el amparo interpuesto por la asociación civil.

En medio de estas disputas jurídicas, el Ejecutivo planteó a los órganos reguladores ayudarlos en su empeño por fortalecer a las estatales Pemex y CFE utilizando el actual marco legal, pero en caso de ser necesario promovería una reforma energética tras los comicios legislativos del próximo año.

Especialistas del sector energético señalaron que el objetivo es fortalecer a Pemex y CFE y mantener sus cuotas de participación en 70 y 60 por ciento, respectivamene.