La Secretaría de Hacienda expresó su rechazo a las reformas que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer en materia de desplazamientos internos, población –que incluye el manejo y obtención de datos biométricos– y de fortalecimiento a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En un paquete de opiniones enviadas a la comisión la víspera de la votación en aquella instancia legislativa, Hacienda sostuvo que los tres temas requerirían presupuesto que no existe y que destinar fondos a su operación vulneraría las finanzas públicas.

La aplicación de la ley de desplazados internos, que fue aprobada en la comisión y considera un fondo para atender a las personas que se ven forzadas a cambiar de residencia, implicaría modificar las prioridades de gasto social, así como los subsidios o recursos complementarios asignados por el gobierno federal, afirmó Hacienda.

En el caso de la ley de población –que contiene toda la política del gobierno federal en la materia–, Hacienda precisó que para la obtención de datos biométricos necesarios para acreditar fehacientemente la identidad de las personas y la asignación de la Clave Única de Registro de Población, se tendrían que destinar recursos materiales, humanos y financieros, derivado de que se tendrían que capacitar al personal así como desarrollar o adquirir los instrumentos informáticos para obtener estos datos y para integrar los consejos de población.

También consideró que para constituir una comisión entre dependencias, no se precisa si los cargos serán honoríficos, situación contraria a los principios de austeridad y racionalidad de gasto, dado que prevé creación de nuevas estructuras ocupacionales, lo cual no podría ser susceptibles de implementación en virtud del monto de recursos presupuestarios que demandaría.

Sobre la ampliación de las medidas de seguridad y de prevención así como otras de carácter social para defensores de derechos humanos y periodistas, Hacienda consideró inviable el mecanismo que estaría sectorizado a Gobernación, porque incluye una estructura burocrática no susceptible de implementación, en virtud del monto de recursos presupuestarios que demandaría.