La prohibición gradual del glifosato hasta su completa eliminación en todos los usos en el 2024, marca una gran diferencia respecto a la política neoliberal seguida por los gobiernos anteriores en México. Sin embargo, enfrenta varios retos para que esta medida fortalezca los derechos ciudadanos y proteja adecuadamente la salud y el ambiente.
Una de las dificultades que enfrentará el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ya que se espera que establezca las cuotas de importación de este herbicida, es saber con base en qué información se evaluarán las necesidades reales de su uso. La SEMARNAT ha contrastado los volúmenes solicitados de importación en la última década con las importaciones registradas por aduanas y por la Secretaría de Economía en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y las cifras no coinciden. Las solicitudes de importación a SEMARNAT son mucho mayores que las cantidades registradas por los otros organismos. Esto es sintomático de la regulación neoliberal, heredada de los gobiernos del PRI y del PAN, que dio facilidades a la importación y registro de plaguicidas de alta peligrosidad para favorecer el mercado y la competitividad, pero sin controlar su uso y prevenir su impacto en la salud y en el medio ambiente. De hecho, la mayoría de las autorizaciones a plaguicidas otorgadas por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) hasta antes de 2005, tienen una vigencia indeterminada, se autorizaron hasta la eternidad. En el caso de glifosato, el 58% de los registros autorizados a distintas empresas tienen vigencia indefinida.
Otro aspecto importante a definir es quién debe probar la necesidad del uso del glifosato. Esto le debe corresponder a las empresas que lo solicitan y no al gobierno. La carga de la prueba debe recaer en las trasnacionales y empresas formuladoras de genéricos que aún desean importarlo y en las empresas del agronegocio que aún desean usarlo, todas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario. Las empresas con el mayor número de registros autorizados de glifosato por COFEPRIS son las transnacionales Monsanto, ahora propiedad de Bayer, FMC, Syngenta y Dow (ahora Coterva, resultado de la fusión Dow-Dupont). Además de otras empresas formuladoras de plaguicidas genéricos como Agroquímicos Versa y Agricultura Nacional, entre otras. Pero las trasnacionales se empeñan en continuar con el uso del glifosato, y en Estados Unidos buscan aprobar un maíz transgénico tolerante a este y a otros cuatro herbicidas.
Como hemos expresado en una carta firmada por más de 180 organizaciones, hay medidas inmediatas que debería tomar COFEPRIS, como la prohibición del glifosato como desecante en la pre-cosecha de cultivos agrícolas con el objetivo de disminuir el riesgo de la presencia de los residuos de este agrotóxico en alimentos frescos y procesados. También es urgente prohibirlo, durante este año, para usos urbanos y de jardinería. Esto permitirá proteger a los niños y otra población vulnerable, mientras se efectúa la prohibición gradual total del uso agrícola de este herbicida.
La prohibición del glifosato es una oportunidad para cumplir con la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Particularmente porque pide a la COFEPRIS, SEMARNAT y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), establecer programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables, lo cual se debe reflejar en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Sin embargo, esto no será posible si no se conoce la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplica el glifosato y otros plaguicidas de alta peligrosidad.
La SEMARNAT requiere territorializar el derecho a saber el volumen y tipo de agrotóxicos usados en un sistema de información pública accesible, además de establecer la vigilancia ambiental de su presencia en agua y suelo. La Secretaría de Salud tiene que monitorear las intoxicaciones y establecer la vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas, además de dar a conocer el resultado del monitoreo de residuos de alimentos de consumo nacional por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. De esta manera, la prohibición gradual del glifosato sería acompañada por la expansión de los derechos ciudadanos frente a los 140 plaguicidas prohibidos en otras partes del mundo y aún autorizados en México. De este modo, los compromisos para la reducción gradual del uso de glifosato, y el apoyo a las alternativas agroecológicas, podría ser discutido y vigilado por trabajadores, comunidades, mujeres, niños y comunidades expuestas, defendiendo su derecho a una vida digna, saludable, libre de contaminantes. •
