La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de amnistía para los ex presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pero acotó que la propuesta sólo tiene como fin que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan sus probables delitos; en caso de que no sea así, retiraría el proyecto, pero ya habría una opinión colectiva.

Asimismo, Morena entregó este lunes a Óscar García Velásquez –quien sobrevivió al ataque contra normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero– las firmas recabadas por la bancada para preguntar si se debe enjuiciar a los ex presidentes.

El coordinador de esa bancada, Mario Delgado, dijo que se decidió por esta vía para respaldar la iniciativa de García Velásquez y Ariadna Sánchez, porque nos parece que es la más avanzada y nos gusta que ellos están al frente, para demostrar que vivimos tiempos nuevos.

En la víspera de que se concluya el plazo para recabar y entregar las firmas para solicitar la consulta popular que permita enjuiciar a ex presidentes, informó que se ha iniciado un trabajo de depuración, pero acotó que hay un deseo de que haya justicia.

¿Se olvidarán las ofensas?

En la iniciativa de amnistía, firmada por Pablo Gómez y acompañada por otros diputados de Morena, se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas del pasado. Delgado precisó que se trata de un camino alternativo para la consulta.

Puntualizó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que no es válida la solicitud de consulta, es difícil negar un ejercicio ciudadano sobre la aprobación de una ley, porque ahí no se viola nada, y si la Corte tira la petición de juicio a ex presidentes, se plantea una consulta de ley de amnistía poniendo claramente que lo que queremos es que no se apruebe.

En el proyecto de Gómez, el legislador plantea: ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los ex presidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar. Si la decisión mayoritaria fuera por el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la cámara de origen tendría que desechar la iniciativa, y tendríamos una especie de ley de no olvido.