A pesar del creciente número de personas desaparecidas y no localizadas en México (75 mil 198 al corte de ayer), persiste un alto grado de impunidad. Aun cuando familiares o Ministerio Público ubiquen a los presuntos responsables, éstos no son presentados ante un juez y menos sentenciados, advierten funcionarios y grupos civiles.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, responsable de impulsar las políticas públicas para atajar esta problemática, señaló: El gran reto que tenemos es judicializar las investigaciones y castigar a los responsables. Incluso el Ministerio Público puede realizar la búsqueda pero no se concluye la sanción.

La organización no gubernamental Idheas dijo que en el caso de desaparición forzada hay un histórico ínfimo de sentenciados. En el fuero local halló apenas ocho sentencias, de carpetas registradas entre 2014 y 2019, contra miles de denuncias.

Destacó que si bien es importante el reconocimiento, por parte del gobierno mexicano, a la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en las 399 acciones urgentes para la búsqueda de víctimas de desaparición, el Estado mexicano tampoco ha cumplido.

El subsecretario Encinas dejó en claro que toda persona tiene derecho a ser buscada y las autoridades, tanto del fuero común como del federal, deben generar las condiciones para hacerlo.

Sin embargo, advirtió el subsecretario, hoy el gran reto para poder revertir y acabar con este fenómeno es que acabe la impunidad y se establezcan sanciones a los responsables.

Explicó que después de la ubicación del presunto responsable de una desaparición, no hay una cadena adecuada hacia la denuncia formal, la integración de una carpeta y su investigación.

Lo he platicado con la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, respecto a la urgencia de judicializar las carpetas de investigación en materia de investigación, comentó a La Jornada, al tiempo de reconocer el enorme reto –al cual Encinas llama herencia maldita–, porque la mayoría de los registros tienen más de 10 años de antigüedad y se topan con que muchos perpetradores incluso ya murieron, quizá fueron víctimas de la misma práctica, más los asociados a la delincuencia organizada.

Por tanto, subrayó, no sólo se requiere voluntad política (como señalan grupos civiles y familiares de víctimas), sino eficacia institucional, sobre todo en la procuración e impartición de justicia.

–Los familiares afirman que el principal problema es que no hay sentenciados, ¿qué representa esta situación?

–Impunidad. En algunos casos hay corrupción, complicidad de autoridades, omisiones, negligencia y, al final, todo eso deriva en impunidad.

Según datos oficiales, compilados por la SG, el mayor número de desa­parecidos, tanto hombres como mujeres, fueron registrados en el estado de México; le sigue Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa.

No obstante, la mayor parte del histórico de casos de personas desa­parecidas y no localizadas se da a partir de 2007 (con pico en 2014 de mujeres y en 2019 de hombres). En el caso de personas del sexo femenino, la mayor parte tenían entre 15 y 19 años cuando desaparecieron, yen los varones la mayoría están en el rango de los 20 a los 29 años.