Es una secuela de la quiebra, hace una década de Mexicana de Aviación. Una empresa privada, B, pretende seguir usufructuando un par de almacenes aduanales ubicados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que tienen las condiciones para equipar a la nueva empresa pública de distribución de medicamentos creada por el gobierno federal, según información pública. Es un espacio de casi 7 mil 940 metros cuadrados.

La aerolínea que el empresario Gastón Azcárraga llevó a la quiebra –un proceso que inició con la suspensión de actividades en agosto de 2010–, obtuvo en 1990 la concesión para operar los almacenes 17 y 18 de la aduana del aeropuerto Benito Juárez. En 2005, la licencia se extendió 20 años más, por lo que, de acuerdo con varios documentos, ésta concluiría en 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclamó en marzo pasado dicha instalación porque Mexicana ya no existe como compañía activa, al haber sido declarada la bancarrota.

En medio está B, una firma que ya había reclamado obtener la concesión de los almacenes, luego de que en marzo de 2011 –después del cese de Mexicana– firmó con la aerolínea un contrato de prestación de servicios para operar los recintos fiscalizados en la aduana del aeropuerto Benito Juárez. Se ha argumentado que la explotación abona a los salarios devengados de los trabajadores, pero algunos de ellos consultados por este diario niegan que sea así o por lo menos no hay transparencia al respecto.

La Jornada buscó a B, sin resultado

La firma es presidida por un antiguo funcionario del primer gobierno panista en la Presidencia: N. Fue inhabilitado de aduanas a principios del sexenio de Vicente Fox, según varios reportes, por descubrirse presuntos actos de corrupción a favor de su hermano, Roberto José Ramos Casos; a quien la Auditoría Superior de la Federación puso en evidencia como evasor fiscal.

Entre otros apoderados y beneficiarios de la firma se encuentran Rafael Rubín de Celis Arellano y Diego González Luna. Este último beneficiario en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón por adjudicaciones directas en el ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de acuerdo con el portal oficial Compranet.

El también empresario dio asesoría jurídica externa a este organismo con un costo de 3 mil 500 pesos la hora. Por adjudicación directa, el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le dio tres contratos por 745 millones de pesos entre 2012 y 2013, cuando Tuffic Miguel Ortega y Héctor Orozco Fernández lo precedieron, también de acuerdo con Compranet.

En suma, estas personas están involucradas en media centena de empresas vinculadas con logística, comercio exterior y aduanas, según información obtenida por este diario. N directamente participa en B, abierta en Ciudad de México; B en San Luis Potosí; B, registrada en Tampico. Así como en Auto Transporte sin Fronteras que –según el Registro Público de Comercio– se abrió en 2007 con sede en Lázaro Cárdenas.

El debate por los almacenes 17 y 18 no es nuevo. El SAT ha promovido su recuperación desde hace años, todavía bajo la cuestionada administración de Osvaldo Santín. La capacidad que provee esta instalación, y está explotando B, se ha vuelto estratégica para el abastecimiento de medicamentos, explicó una fuente cercana al tema.