uchos aires soplaron entre dos bizarros episodios: el desafuero y las revelaciones sobre delitos y traiciones de altos jerarcas del cercano pasado. Estos últimos –verdaderos escándalos– se han endosado a una consulta popular en marcha. Se pretende generar la masa crítica como detonante en un juicio a ex presidentes. Al parecer son incidentes políticos independientes uno del otro. Pero, al recordar las fuerzas que intervinieron en aquél y las que se conjuntan en estos días, se pueden extraer varias similitudes y enseñanzas. La trascendencia para la salud de la República del fenómeno difusivo de acusaciones y denuncias junto con la consulta (aunque poco factible enjuiciamiento) respecto del juicio de procedencia pasado, exigen su puntualización, al menos básica. Ambos apuntan a sendos movimientos ciudadanos que se bifurcan en aspectos legales y de legitimidad política y social. Los dos son, y fueron, elevados a la categoría de asuntos de seguridad nacional.

En el desafuero salió a la luz pública la que después se llamaría la mafia del poder, un pequeño, aunque muy influyente, conjunto de empresarios, con masivos intereses, por completo enseñoreados hasta de las decisiones públicas estratégicas. Ellos le ordenaron a un decadente y débil presidente (Fox) que sacara a AMLO de la contienda por la Presidencia. Ellos fueron, desde esos malhadados tiempos, los reales, aunque velados, jefes de cinco de los ejecutivos en turno.

La espuria alianza para concretar el desafuero se forjó sin tapujos, a la luz del día. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo ocultar su mano peluda en el asunto. Fue, para motivos prácticos, activo consejero jurídico. Se nombró un procurador servicial que, años más tarde, quedaría relegado a un triste papel para el olvido. Los partidos políticos que hacían mayoría en el Congreso, PAN y PRI, rellenaron su abigarrado lugar de ingratas comparsas. De complemento, el aparato de comunicación social del país jugó un rol estelar. La casi totalidad de los opinócratas, de esos malhadados días, prestaron sus voces y talentos para auxiliar en la casi imposible misión solicitada: legitimar el proceso para destituir al malquerido de la élite. Las expresiones contrarias al ejercicio político-electoral en marcha fueron notablemente raras. La pinza se debía cerrar, tanto en el Congreso, por un lado, como en los tribunales, por otro. La cárcel, ya abierta de par en par, estuvo presta para recibir al transgresor. En medio, arriba y abajo, el desafuero fue un tinglado rellenado con intentos de desprestigio personal de AMLO. Se alegaba el incontrovertible supuesto de la vigencia de la llamada realpolitik como cínico justificante. El objetivo fue, siempre, la expulsión de una alternativa peligrosa para la continuidad del sistema establecido. La historia es conocida y ejemplar: se coaguló un amplio movimiento social que, posteriormente, pudo triunfar, tres veces seguidas, en las urnas.

Ahora, y desde el Poder Ejecutivo, se alienta un proceso que intenta esclarecer, en descampado y hasta donde sea posible hacerlo, en qué consistió la política neoliberal durante el prolongado periodo que estuvo vigente. Y, con mayor precisión, cuáles fueron, y han sido, las maneras y los modos con que se han conducido cinco sucesivos jefes de Estado. Una larga penumbra que va de Salinas a Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón. Terrible quinteto de funcionarios que sacrificó, en aras de sus intereses personales y de grupúsculo, la dignidad, seguridad y sanidad de la República. Conducir el proceso en sus dos grandes facetas, la legal y la del imaginario en el ámbito colectivo, es una tarea por demás plagada de obstáculos y presiones. Las muchas y variadas respuestas que se oirán de los acusados serán escandalosas. Respuestas que consistirán en sonoras, tergiversadas y airadas defensas.

Es por esa razón que se recurre a movilizar a la ciudadanía. Es preciso que la mayoría forme informada conciencia para decidir y apoyar el proceso inculpatorio y de sanación. Hay imperiosa necesidad de esclarecer ese pasado delictivo y tramposo: esencia misma del neoliberalismo. Que cada quien se haga responsable de su postura y voto, sea éste absolutorio o condenatorio para ese clan de abusadores. La legalidad del proceso no es una ruta directa ni clara. Pero se debe empujar hacia la toma de conciencia más amplia posible. Desde la misma base ciudadana. Las mejores pulsiones de honestidad y sencillez que todavía retiene la sociedad mexicana tendrán, así, oportunidades de prevalecer sobre la extendida corrupción, la impunidad y las complicidades. La SCJN, con seguridad, no podrá intervenir en la cuestión básica: aceptar una consulta para abrir juicio y cárcel. Pero airear, con el detalle y la profundidad necesaria el entramado ilegal –pasado como normalidad– es clave para la transformación del régimen.