El Congreso de la Ciudad de México recibió dos iniciativas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en las que propone una nueva clasificación de riesgos para establecimientos mercantiles y nuevas sanciones económicas en materia de protección civil.

La primera iniciativa reforma las leyes de Gestión Integral de Riesgos de Establecimientos Mercantiles y de Celebración de Espectáculos Públicos. En el primer ordenamiento se propone una clasificación de bajo, mediano y alto riesgo conforme al espacio y aforos en establecimientos comerciales, de servicios e industria, y se aprueban las visitas extraordinarias para verificar que cumplan con sus obligaciones.

En caso de hallar irregularidades acreditadas en la verificación, se aplicará la suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que generen riesgos, suspensión temporal de autorizaciones, retiro de instalaciones y ejecución de medidas de mitigación.

Sanciones pecuniarias

Asimismo, se incluyen sanciones económicas tabuladas en unidades de medida. Por ejemplo, a los organizadores de espectáculos públicos de afluencia masiva que carezcan de póliza de seguro se les aplicará una multa de hasta 86 mil pesos y la clausura del evento; a quien cuente con programa interno en establecimientos mercantiles, pero omita registrarlo en la plataforma digital, la multa será de hasta 217 mil 200 pesos; a quien no presente un plan de contingencia para la quema de pirotecnia, alcanzará una multa de hasta 521 mil 280 pesos.

La misma sanción será aplicada a quien incumpla con los estudios de riesgo en inmuebles con manifestación de construcción tipo C. Además, al tercero acreditado que elabora estudios de riesgo sin cumplir con los requisitos de ley, se sancionará hasta con 217 mil pesos. Incluso se propone una multa de hasta 130 mil 320 pesos a los grupos voluntarios que entreguen información falsa para obtener su registro ante las autoridades.

Garantizar el sustento

En tanto, la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia trata de garantizar que, en caso de que se ordene la desocupación del domicilio por el agresor, sea él mismo quien continúe con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de ser el sostén de la familia.