Rosario Robles Berlanga ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), deberá comparecer ante un juez de control el próximo 26 de octubre, para la audiencia intermedia en donde deberá ser notificada oficialmente de la imputación que hay en su contra por ejercicio indebido del servicio público, así como de la pena de 21 años de prisión que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se le imponga.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, citó a esta diligencia, una vez agotado el periodo para la investigación complementaria y la prórroga que solicitó la defensa de la ex funcionaria.

Luego de cumplido el plazo, la FGR presentó por escrito la carpeta de investigación del caso, donde se incluyen todos los elementos de prueba que han sido recabados por el Ministerio Público Federal que imputan a Rosario Robles como responsable de dos cargos por ejercicio indebido del servicio público, en los cuales habría incurrido cuando fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Se trata del caso donde la ex funcionaria, en colaboración con otros de sus subalternos, entregó contratos a empresas y universidades públicas por proyectos de investigación, desarrollo y construcción que en realidad nunca se concretaron.

Estas operaciones causaron un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, según reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013-2014.

La FGR consideró que la imputada consintió, con sus omisiones, la operación continuada de este esquema fraudulento, mientras encabezó la Sedesol y la Sedatu, por lo que pidió que se le apliquen las penas máximas para este delito.

Rosario Robles permanece en prisión preventiva desde el 13 de agosto del año pasado, la cual se le impuso luego de que se comprobara que obtuvo una licencia de conducir con una dirección falsa, y mintió sobre su domicilio real, por lo cual el juez de control estimó que era fundada la posibilidad de que se diera a la fuga.