Según Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el primer trimestre de 2013, durante una conversación telefónica sostenida con José Antonio Meade (entonces canciller), hablaron de los términos y condiciones del contrato (que firmó la empresa del Estado respecto) de Etileno XXI; entendimos que saldría más caro y riesgoso modificarlo, ya que podrían generarse tanto litigios como penas económicas, por lo que se optó por dejarlo como estaba, ello a pesar de que se pondrían en peligro proyectos productivos de la petrolera nacional.

El ex funcionario busca consolidar un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le confirme como testigo colaborador y se le brinen los beneficios de reducción de condena o bien que se retiren los cargos en su contra por entregar información que lleve a la judicialización de altos funcionarios involucrados en actos de corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A ese respecto, fuentes federales señalaron que Lozoya no ha concluido la negociación para que sus familiares también sean beneficiarios de su trato, y por ello el Ministerio Público Federal no ha presentado ningún recurso para desistirse de la acción penal en contra de Gilda Susana Lozoya, su hermana, y Marielle Helene Eckes, su esposa.

Más sobre la denuncia

En la denuncia presentada el pasado 11 de agosto, Lozoya Austin refiere que en la etapa de transición de gobierno y el comienzo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, “Luis Videgaray Caso me informó que (la empresa) Braskem le debía dinero al grupo de Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Kuribreña (funcionarios durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa), el cual sería pagado si les garantizaban la continuidad del contrato de Etileno XXI, que fue firmado en 2011/2012, con amplias desventajas para Pemex.

Esta situación fue aprovechada por Videgaray Caso para condicionar la entrega de dichos recursos (sobornos a legisladores) a cambio de que efectivamente votaran a favor de las reformas estructurales, incluyendo la energética, lo cual fue aprobado y promulgado el 20 de diciembre de 2013, y las leyes secundarias el 11 de agosto de 2014, añadió Lozoya.

Respecto de la planta de Etileno XXI, el domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el contrato con la filial de Odebrecht implicó un quebranto a la nación por alrededor de 15 mil millones de pesos, por el subsidio en la venta de gas etano a bajo precio en perjuicio de la petroquímica de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y para su transporte, así como el pago de multas si no se le entregaba el hidrocarburo.