Por nueve votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) devolvió el fuero a jueces y magistrados de Yucatán, a quienes se les había retirado como parte de las reformas a la Constitución del estado en la lucha contra la corrupción.

La mayoría de los ministros advirtieron que esta medida lesionaba la independencia y autonomía del Poder Judicial, pues permitía procesar penalmente a los juzgadores estatales, sin que antes el Congreso pudiera evaluar los elementos de las acusaciones en su contra.

Así lo explicó la ministra Margarita Ríos Farjat: la declaración de procedencia sí es una garantía de la independencia judicial, ya que asegura que un juzgador no será procesado penalmente a menos que se analice la seriedad de la denuncia o de la querella que se interponga en su contra.

La mayoría advirtió que quitar este fuero a jueces y magistrados permitiría que, como estrategia de defensa, se presentaran denuncias penales con cualquier pretexto, sólo para presionar para obtener un fallo favorable.

El sentido del fallo de la SCJN establece que la declaración de procedencia de funcionarios judiciales no es un instrumento de impunidad, sino una garantía de independencia, autonomía y funcionamiento de los órganos que desarrollan funciones constitucionales esenciales para el Estado.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, argumentó en contra de la mayoría, afirmando que la Constitución general no prevé el requisito de juicio de procedencia para procesar penalmente a jueces y magistrados federales, y que este tipo de fuero no es connatural para preservar la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, la mayoría se impuso y se devolvió el fuero.