A 10 años de ocurrida la masacre de San Fernando, en la cual fueron asesinados 72 migrantes, todavía hay nueve cuerpos de cuya identidad tienen duda las familias a las cuales fueron entregados, por lo que permitir su exhumación y resolver esta incógnita es una de las principales demandas al Estado mexicano, señalaron familiares de las víctimas.

Guillermina Vega, pariente de seis de las personas fallecidas y vocera de las familias afectadas, lamentó que una década después de ocurridos los hechos todavía no exista certeza sobre este tema y consideró que la falta de avances en la investigación al respecto se debe a un acto de encubrimiento hacia los criminales.

Vemos que el caso lo tienen en el abandono, despreciado. Aquí hemos vivido 10 años de una angustia grande, de injusticia y de dolor, ¿cómo no vamos a estar molestos con las autoridades mexicanas? Deja mucho que desear que a 10 años no hayan asumido su responsabilidad sobre la masacre, señaló la mujer en entrevista telefónica desde Guatemala.

Vega recordó que el gobierno de México entregó a las familias de las víctimas cajas de metal con los restos de nueve personas, asegurándoles que se trataba de sus seres queridos, y aunque en un primer momento las aceptaron, después tuvieron dudas sobre la verdadera identidad de los fallecidos.

Nos mandaron las cajas selladas, sin darnos la oportunidad de verlos (a nuestros familiares) por última vez y confirmar que estaban ahí. Mandaron a alguien a cuidar esas cajas martilladas para que no las pudiéramos abrir; en ese momento, con el dolor que pasábamos, no las abrimos, pero ahora hemos reaccionado y queremos que se esclarezca la verdad, recalcó.

“La masacre fue en agosto (de 2010) y las mandaron hasta el 23 de marzo (del año siguiente). ¿Qué pasa si no eran ellos los de la caja? –insistió Vega–. Esa es la pregunta que ahora nos mantiene atormentados. Hoy hay 15 personas detenidas y una ya dijo que sí estuvo en la masacre; ellos pueden comer y dormir tranquilos, pero nosotros no sabemos si nuestros familiares son los que están en la caja”.

La vocera subrayó que, además de la identificación plena de los restos que les fueron entregados, las familias exigen que el gobierno de México las apoye económicamente, pues los migrantes asesinados en San Fernando tenían hijos, padres, madres y parejas que dependían de ellos y que quedaron en la indefensión tras su muerte.

De igual forma, estimó que si las autoridades mexicanas no han accedido a dichos puntos, es porque quedaría en evidencia que existía complicidad entre ellas y los grupos criminales que perpetraron la masacre.