Mérida, Yuc., El juzgado tercero de distrito, con sede en esta capital, que gobierna el alcalde panista Renán Barrera, admitió una demanda de amparo que presentaron 16 sexoservidoras, quienes denunciaron padecer acoso en frecuentes operaciones policiacas. El tribunal les concedió una suspensión provisional para que no se les detenga ni se aplique la fracción 6 del artículo 15 del bando de policía y buen gobierno municipal, que sanciona su trabajo en las calles.

Los organismos defensores de los derechos humanos Indignación y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal dieron a conocer que las trabajadoras sexuales acusaron a la policía municipal capitalina de violar sus garantías individuales al detenerlas arbitrariamente, perseguirlas, extorsionarlas, amenazarlas, hostigarlas, robarlas e incluso perpetrar actos que podrían ser considerados tortura.

El pasado 19 de agosto, 16 trabajadoras sexuales presentaron una demanda de amparo quejándose de las acciones de la policía municipal, las detenciones ilegales y diversos actos de hostigamiento y abuso.

En respuesta, el juzgado tercero de distrito señaló que las peticionarias buscan defender su derecho a un trabajo lícito, el cual desarrollan de forma personal y voluntaria a cambio de una remuneración.

Agregó que ninguna ley prohíbe la prostitución, y los tipos penales relacionados con esta actividad buscan proteger la libre autodeterminación en el ejercicio y organización de dicha actividad en relación con los sujetos que la ejercen.

El tribunal precisó que el reglamento municipal no puede ser usado para restringir el derecho al trabajo –protegido por el artículo 5 constitucional– a partir de un estereotipo por la naturaleza sexual de esta actividad, pues ello constituye discriminación basada en una condición social, lo cual prohíbe el artículo primero de la Carta Magna.