El tercer tribunal colegiado en materia penal en el estado de México otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, que cancela el auto de formal prisión en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución no implica que la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, recupere su libertad de manera inmediata, debido a que el juez deberá abrir un nuevo plazo para realizar la diligencia en la que se deberá tomar a Pineda Villa su declaración preparatoria.

En su resolutivo, que radica en el expediente 460/2019, el colegiado resolvió que el tercer tribunal de distrito de procesos penales del segundo circuito deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el 11 de marzo de 2019, y ordenó revisar los nombres e identificación de los testigos colaboradores que declararon en su contra.

“En caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves ‘Mateo’ (Sergio Villarreal Barragán, alías El Grande) y ‘X’ (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza), requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen al proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente, tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa.”

El tribunal agregó: tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda, acerca de la acusación que pesa en su contra por delincuencia organizada.

Es por ello que en la nueva diligencia se deberá informar a Pineda Villa, de forma clara y detallada, los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, así como las pruebas en que se basa su acusación. Con esto, el juez de procesos penales deberá resolver la situación jurídica de la acusada, a quien se implica en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.