El gobierno mexicano generará las condiciones pertinentes para identificar los restos de los 72 migrantes que fueron asesinados en la llamada masacre de San Fernando, en Tamaulipas.

Ayer, en el contexto del décimo aniversario de esos crímenes, familiares de las víctimas y miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se reunieron con representantes de las administraciones federal y estatal, de la Fiscalía General de la República, de las comisiones de derechos humanos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y de organismos internacionales para dar seguimiento a los avances en el caso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que, tras el encuentro, se llegó a 10 acuerdos, entre los que destacan que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, y otros funcionarios federales, solicitarán la intervención de autoridades mexicanas de alto nivel para gestionar con los gobiernos de las naciones de origen de las víctimas los apoyos pertinentes en la correcta identificación de los cadáveres que ya fueron entregados.

Se acordó también que el Equipo Argentino de Antropología Forense compartirá información con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SG respecto de sus trabajos, para que se valore el ejercicio que se ha realizado en Guatemala para la identificación de restos.

Se realizarán, además, mesas de trabajo con el gobierno estatal sobre la ejecución de medidas de no repetición y las autoridades locales proporcionarán las estadísticas acerca de incidentes que involucren a personas migrantes.