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Proponen amnistía a mujeres jóvenes, indígenas y ancianos en delito de narcomenudeo
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de agosto de 2020, p. 30

El comisionado de Atención a Víctimas del Gobierno de la Ciudad de México, Armando Ocampo, propuso que el narcomenudeo, bajo diversas condiciones, sea incluido en el catálogo de delitos para que personas puedan obtener su libertad vía la nueva Ley de Amnistía.

En el primer foro sobre esa ley, el funcionario opinó que en la Ciudad de México podrían ser objeto de amnistía los delitos de robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión, sedición y narcomenudeo, siempre y cuando se trate de mujeres jóvenes, personas de la tercera edad, indígenas, personas en condiciones de extrema y clara desigualdad o alta vulnerabilidad, o que estén coaccionadas por algún familiar o miembro del crimen organizado.

En su opinión, los beneficiados no deben ser reincidentes.

“En esa parte hay que estar muy claros, muy específicos: la persona que sea beneficiada de esta ley no debe tener delitos, no haber privado de la vida a una persona, no haber violentado el cuerpo de otra ya sea por secuestro, lesiones graves o con secuelas permanentes, y que no se hayan utilizado armas de fuego en la comisión de los mismos.

Desde nuestra óptica se habla de un catálogo federal que se asemeja a los delitos en la jurisdicción de la Ciudad de México, que es materia punitiva del Congreso local, pero a la vez deben converger requisitos que ya narré y condiciones para acceder a estos beneficios.

Abundó que se trata de un ejercicio de justicia transicional con ciertos requisitos y condiciones que favorezcan a personas que se encuentran en vulnerabilidad, pobreza e incluso que sean víctimas de violencia.

Por su parte, Froylán Higuera, secretario ejecutivo del Mecanismo de Derechos Humanos, afirmó que la Ley de Amnistía beneficiaría a los más desfavorecidos por el neoliberalismo, principalmente, donde el acceso a la impartición de justicia la tienen los ricos. En ese sentido, comentó que se trata de hacer una transición en la que las personas de menores recursos puedan acceder a la justicia.